Alrededor de 518 denuncias de violaciones a los derechos laborales que van desde condiciones inequitativas, despidos ilegales, hostigamiento y acosos sexual, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), durante el 2018, según un informe divulgado por este ente estatal, que señala a las instituciones del Poder Ejecutivo como las más denunciadas.

Al menos 115 denuncias están relacionadas con las condiciones inequitativas, 82 por despidos ilegales, 68 por hostigamiento físico y psicológico, 34 por discriminación en la remuneración, 30 casos por despidos indirectos, incumplimiento de salario y acoso sexual, 29 por actos atentatorios de la estabilidad laboral, 28 por persecución laboral y 10 por incumplimiento del contrato colectivo.

Los trabajadores denunciaron, entre otras cosas, el impedimento de los jefes o patronos de realizar actividades personales como movilizarse al sanitario o para aseo personal, falta de capacitación para el manejo adecuado de productos que atentan contra la salud de las personas y otras acciones que impiden realizar su trabajo en un ambiente digno.

Las presiones y peticiones sexuales a cambio de beneficios laborales, los gritos y malos tratos, el desprestigio malintencionado, discriminación, intimidación, falsas acusaciones, son parte del repertorio de denuncias que se presentan en el país, en materia laboral.

El informe resalta que las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo fueron las más denunciadas ante el CONADEH, con un total de 343 denuncias, seguidas de personas individuales o particulares con 100 denuncias, y en menor cantidad, instituciones descentralizadas y autónomas.

La Secretaría de Educación fue la dependencia del Poder Ejecutivo que más denuncias se presentaron en su contra, con un total de 107, seguido por la Secretaría de Salud, con 74, alcaldías municipales con 62 y la Secretaría de Seguridad con 50.

El documento establece que las mujeres, fueron el grupo a quienes, en su mayoría, les fueron vulnerados sus derechos, por encima de grupos de hombres, adultos mayores y otros, grupos en condición de vulnerabilidad.

La realidad en Honduras refleja altos índices de desempleo

Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, declaró que todas las personas, en edad de trabajar, que no encuentren posibilidades de trabajo, tienen derecho a ser protegidos contra el desempleo.

“El trabajo es piedra angular de una sociedad con justicia social, es un bien público que, por respeto a la dignidad humana, el Estado debe realmente garantizar, en condiciones de equidad, seguridad social y libertad”.

Agregó que el Estado de Honduras debe proteger a todos los habitantes en su derecho al trabajo decente y productivo y fomentar constantemente posibilidades de trabajo para todos, en seguimiento de una política nacional activa de pleno empleo productivo y trabajo decente, con una estrategia clara conducente al desarrollo sostenible.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al 2018, la tasa de desempleo abierto llegó a 5.7 por ciento, y de acuerdo a la Secretaría de Trabajo, este porcentaje se mantiene, sin embargo, el mayor problema es el subempleo invisible que supera las 1.9 millones de personas.

La principal causa de los niveles de desempleo abierto y subempleo es el hecho que la economía en Honduras no crece lo necesario y eso trae como consecuencia que no se generen los puestos de trabajos demandados.

Se estima que en el país hay 4,090,651 personas ocupadas, de los cuales, el 31.6% se emplea en la agricultura, en el comercio está el 18.3% y en la industria el 14.8%, de lo que se deduce que en estas tres ramas de actividad se concentra el 63.4 por ciento de los ocupados.

El informe del CONADEH también detalla que existe una cantidad considerable de personas en condición de asalariados, ya que de cada 100 ocupados, 50 efectúan sus actividades laborales a cambio de un salario, es decir, que tienen un patrono.

De igual manera, 40 de cada 100 hondureños realizan las actividades laborales por su cuenta, es decir que no tienen un empleador, sino que ellos generan su propio empleo.

Por otra parte, 10 de cada 100, son trabajadores no remunerados, o sea personas que de alguna forma trabajan, pero no reciben un pago a cambio.

Es importante mencionar que la estructura de la población es predominantemente joven, esto incide en que cada persona ocupada tiene que mantener en promedio a 2.2 personas.

Ombudsman aboga por trabajo decente en las comunidades

El Defensor del Pueblo recomendó, al Estado hondureño, promover y apoyar el bienestar de las comunidades municipales, mediante la implementación transparente y verificable de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la seguridad humana y el desarrollo sostenible que se complemente con los planes municipales de desarrollo.

Destacó la importancia de una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, que incluya capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en cada municipio.

 

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