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CONADEH reitera la obligación del Estado de priorizar el derecho a la salud y la vida

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, reiteró la obligación del Estado de garantizar la atención oportuna y adecuada al derecho humano a la vida y la salud, con énfasis en esta crisis y sus consecuencias, por el virus COVID-19; y, por ello, la urgencia del desaduanaje y la puesta en funcionamiento de los hospitales móviles.

“La responsabilidad del Estado es que estos hospitales estén prontamente funcionando, para salvar más vidas y atender un mayor número de personas enfermas. Ello, sin menoscabo del proceso investigativo que ejecutan actualmente las autoridades, en este caso”, apuntó el Defensor del Pueblo.

Uno de los mayores problemas que encontramos para salir de la crisis y avanzar hacia una postcrisis más humanista, es la división nacional y la disparidad de criterios, que expresan la falta de solidaridad con el pueblo; la falta de conducción, coordinación y criterios únicos para actuar concertadamente y lograr contener y controlar el COVID-19, salvando la vida,  asegurando el goce del derecho a la salud y buscando el bienestar del pueblo, señaló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

En consecuencia, para resolver la actual crisis sanitaria, humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país, el Defensor del Pueblo exhortó al Gobierno a que convoque a todos los sectores sociales y empresariales a un diálogo y una convergencia urgente inmediata, para rediseñar una estrategia efectiva, desde el nivel municipal, tomando en cuenta las realidades específicas de cada comunidad, tal como lo ha venido recomendando el CONADEH, desde el mes de abril.

Es necesaria la unidad solidaria con voluntad de colaboración en defensa de la vida y la salud que inicie un proceso de concertación, sobre una base científica con enfoque de derechos humanos, orientados por datos epidemiológicos, veraces y actuales, para que la evolución de la situación sanitaria guíe la reapertura, gradual y progresiva, con un confinamiento focalizado y una serie de medidas adecuadas que permitan proteger la vida y la salud, atender las necesidades básicas de la población y las fuentes de ingreso de las personas e ir avanzando en la reapertura.  Para ello, se debe establecer una plataforma participativa e inclusiva de médicos especialistas más calificados en el manejo de datos y conocimientos científicos sobre el COVID-19 y el Dengue, con un área pluridisciplinaria de análisis de la interacción salud, economía, derechos humanos y desarrollo sostenible para formular propuestas para la reapertura.  Ello permitirá la toma de decisiones nacionales y efectivas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

El Defensor del Pueblo, subrayó que es necesario contribuir a evitar que continúe aumentando la cantidad de personas muertas y familias en sufrimiento. Por lo tanto, llamó nuevamente a la unidad, solidaridad y al trabajo conjunto a todas las fuerzas de la nación, en esta lucha contra la pandemia del COVID-19 y la epidemia del Dengue.

CONADEH, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 15 de julio de 2020.

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