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CONADEH exige al Estado de Honduras aplicar todo el peso de la ley a los responsables por el posible homicidio de la joven Keyla Patricia Martínez

Defensora del Pueblo de Honduras Blanca Izaguirre, hace un insistente llamado al Estado de Honduras a asumir su responsabilidad y obligación de proteger el derecho a la vida y a promover la justicia, y el derecho a una reparación sobre todo en los casos de muertes bajo custodia.

“Ahora más que nunca las autoridades competentes deben realizar una investigación profunda, exhaustiva, eficaz y efectiva de toda muerte potencialmente ilícita, hasta dar con el o los responsables implicados en el presunto homicidio o asesinato de la joven Martínez”.

Preocupa a la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) la creciente ola de violencia en el país, la cual está afectando directamente a las mujeres, tomando en cuenta que, en los últimos dos días, no solo tenemos el caso de Keyla, sino de cuatro mujeres más en diferentes departamentos del país, y de diferentes edades.

“Seguimos haciendo énfasis en el uso y aplicación de los más altos estándares internacionales de derechos humanos específicamente el protocolo de Minnesota como una herramienta útil para determinar cuándo una muerte pudo haber sido causada por actos u omisiones de órganos o agentes del Estado o cuando esta haya sucedido mientras la persona estaba detenida”.

De igual forma expreso sus más profundas condolencias a los familiares de la joven Keyla Martinez, y extensivas también a las familias de las muchas más mujeres cuya vida se ha perdido a causa de la violencia.

Concluyó recordando que, cuando hay impunidad y repetición de estos hechos queda claramente evidenciada la falta de garantías de un Estado de Derecho, por lo que se hace totalmente necesario y urgente que el Estado hondureño implemente políticas públicas orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de las personas, fortaleciendo la estructura formal de un sistema jurídico garante de las libertades fundamentales  a través de leyes aplicadas por jueces independientes e investigaciones con el más alto principio de imparcialidad, sobre todo a las mujeres.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de febrero de 2021

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