Nosotros, Ayax Irías, Francisco Herrera, Alan Fajardo, Rutilia Calderón, miembros de la Comisión de pre diálogo  de la UNAH; y Mirtha Gutiérrez (MEU-CU), José F. Bustillo (MEU-CU), Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga UNAH-VS), Rudbel  Barahona (CEC-CURC), Fausto Cálix (MEU-CU), Henry Orlando Rodríguez (MEU-CURLP), Héctor Estrada (MEU-CU), Diego Valdez (MEU-CU), Héctor Ulloa (MEU-CU),  José Francisco Bustillo (MEU-CU), Eduardo Cardona (Estudiante CURLA), Evelyn Zelaya (FRU-CU), en libre ejercicio de nuestros derechos humanos que dimanan de nuestra dignidad, hemos coincidido en la necesidad de concluir un acuerdo sobre la extinción de la acción penal que afecta a estudiantes universitarios, sobre la base de consideraciones y compromisos que desarrollamos a continuación:

Honduras es un Estado Democrático de Derecho que tiene como fin supremo garantizar realmente la protección y el respeto de la dignidad humana con su consustancial derecho a la libertad. Ninguna actividad del Estado o ejercicio de la función pública puede fundarse legítimamente en la desatención de ese fin supremo que es fuente inagotable de armonía social, lo cual es aplicable también al ámbito propio de la vida universitaria, así como de la vida en sociedad.

Ese fin supremo con los consiguientes derechos humanos y libertades fundamentales son resguardados  por la Constitución de la República y los tratados, convenciones, pactos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad que regula la actuación de los poderes públicos, y prevalece sobre las leyes ordinarias. El Código Procesal Penal, en sus primeros artículos, reconoce expresamente estos principios básicos que deben guiar el cumplimiento de todo ordenamiento procesal penal en Honduras como Estado democrático de Derecho.

En esa virtud, reconocemos el derecho a la protesta o manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de petición, como derechos humanos cuyo goce debe garantizarse conforme lo establecen los convenios y tratados internaciones de derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y garantías según los cuales el Estado, las autoridades universitarias, estudiantes, docentes y trabajadores, y, en general, todos los y las habitantes tienen el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer esos derechos, fundamentados en el bien  común, el progreso del país y, en suma, la armonía social.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad de buscar solución, a la actual crisis universitaria, que se encauce en la dirección que guía la dignidad humana como fin supremo de la sociedad y del Estado de Honduras, hacia el cual tenemos el deber y la convicción de dirigirnos a partir de la solución preliminar de aspectos que llevaron a una de las partes a acudir a la vía judicial, con la consecuencia de la actual situación de setenta y cinco estudiantes sujetos al proceso penal.

Por ello, expresamos nuestra voluntad de encontrar las vías legales pertinentes a la extinción de la acción penal, así como la abstención de ejercer la pretensión de acción civil contra los aludidos estudiantes, para volver al ámbito universitario, y, dentro del mismo, resolver toda diferencia en afirmación de la autonomía universitaria. Una vez remitido el presente acuerdo al órgano competente, nos comprometemos a instalar la mesa mediadora y atenernos a lo establecido en el numeral sexto del presente acuerdo, así como  reanudar las clases y emprender decididamente un expedito y documentado diálogo sobre los temas académicos que consideramos importantes en función del mejor disfrute de los estudiantes de su derecho humano a la educación y del impulso progresivo, por parte de toda la comunidad universitaria, a la educación superior de calidad.

Nos comprometemos así a dar respuesta a la necesidad de instaurar un proceso de diálogo permanente que comprenda formas idóneas de resolver diferencias, entre los actores universitarios, con respeto de la autonomía universitaria que resguarda la libertad académica y el progreso de la educación superior, reconociendo que, de haber existido ese proceso y mecanismos de solución de conflictos, se hubiera podido evitar la situación que hoy se trata de resolver.

Asimismo, nos comprometemos a abstenernos de medidas o actitudes que sean desfavorables u obstaculicen el diálogo de buena fe que vitalice la pronta solución de la problemática en beneficio de toda la comunidad universitaria y del impulso a la educación superior de calidad.  Este compromiso   incluye el de realizar un diálogo universitario ejemplar que (además de lo relativo a las normas académicas, sanciones o represalias, así como la representación estudiantil, y otras que las partes consideremos pertinentes) incluya, el diseño y puesta en funcionamiento de un proceso participativo de diálogo permanente con un mecanismo funcional para solución de conflictos en la UNAH, para evitar en el porvenir, la repetición de situaciones como las actuales y así avanzar en correspondencia con el fortalecimiento  de la autonomía universitaria.

Sobre la base de los anteriores compromisos y consideraciones, acordamos que la autoridad universitaria presentará y formalizará, ante los órganos competentes, el presente acuerdo sobre la extinción inmediata de la acción penal en contra de todos los estudiantes universitarios sujetos a proceso, como parte integrante de su solicitud que completará con los aspectos siguientes:

PRIMERO: Ambas partes reconocemos el derecho a la protesta y manifestación pacifica, con pleno respeto a los derechos de los demás, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la legislación interna. Instrumentos que regulan los alcances y limites de esos derechos y garantias según los cuales el Estado, las autoridades universitarias y estudiantes como todos los y las habitantes tiene el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer estos derechos fundamentados en el bien común y el progreso del país  

SEGUNDO: Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los organos jurisdiccionales  competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la accion penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios.

TERCERO: Las autoridades universitarias se comprometen a remitir oficio al Ministerio Público del escrito presentado a los juzgados y que contenga el presente acuerdo, para dar a conocer su voluntad de poner fin y extinguir la acción penal en los procesos penales contra los estudiantes.

CUARTO: La UNAH, se compromete a no ejercer la acción civil de cualquier tipo, en contra de los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario y otros, en la anterior y actual problemática universitaria.

QUINTO: Los estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario se comprometen, al momento de la primera presentación de la solicitud del fin o extincion de la acción penal, a  liberar todos los espacios o edificios donde se brindan servicios de Vinculación Universidad-Sociedad a nivel nacional.

SEXTO: Las partes se comprometen a instalar la Mesa Mediadora, dentro de un término máximo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal que contiene el presente acuerdo ante las  instancias acordadas. Asimismo, se comprometen a que el primer tema de agenda de la Mesa Mediadora, será el relacionado con las normas académicas, sin que eso implique la exclusión de otros temas.  Al momento de su instalación, como primer punto, la Mesa Mediadora deliberará y decidirá los procedimientos bajo los cuales se abordará este tema, dicha decisión no deberá exceder de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la instalación mencionada. Una vez definido el procedimiento el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados, comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en Ciudad Universitaria y demas Centros Regionales Universitarios que actualmente se encuentran paralizados, además de darle continuidad al proceso de diálogo.

SEPTIMO: Las partes se comprometen a que en el caso de discrepancias en asuntos del presente acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro, se tendrá en cuenta  las recomendaciones que pueda hacer la Mesa Mediadora.

Una vez suscrito el presente acuerdo, las autoridades universitarias lo presentarán a los órganos jurisdiccionales competentes a fin de que se valide, se ponga fin y extinga la acción penal, se remita oficio del mismo al Ministerio Público, se dé continuidad al diálogo que armonice el desarrollo de las actividades académicas y garantice el derecho de todos y cada uno de los estudiantes.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los  20 días del mes de julio del año 2016.

Firman el presente acuerdo:  

Estudiantes del MEU participantes en el pre diálogo que representan facultades y centros regionales universitarios

Alexis Galeano (Facultad de Odontología)

Dany Izaguirre (Facultad de Ciencias)

Diego Váldez (Facultad de Ciencias Económicas)

Eduardo Cardona (FRU-CURLA)

Evelyn Zelaya (FRU)

Fausto Cálix (MEU-CU)

Fernando Tróchez (MAU)

Franklin Benítez (MER-LZ CU)

Héctor Estrada (Facultad de Ingeniería)

Héctor Ulloa (Facultad de Ciencias Jurídicas)

Henry Rodríguez (MEU-CURLP)

Jorge Luis Baca (Avanzada CU)

José Bustillo (MEU-CU)

Karen Fernández  (MEP)

Manuel Arriaza (Facultad de Ciencias Médicas)

Marcia Gutiérrez (Comité de Huelga – CU)

Mirtha Gutiérrez (MEU-CU)

Nery Rojas (MIQUI)

Obet Córdoba (Comité de Huelga UNAH-VS)

Ricardo Fernández (MRB-CU)

Rubdel Barahona (CURC)

Sebastian Aguilera (Facultad de Humanidades y Artes)

Comisión de Pre-diálogo UNAH

Ayax Irías Coello

Allan Danilo Fajardo Reina

Rutilia Calderón Padilla

Francisco Herrera Alvarado

Testigos de honor:

Dr. Roberto Herrera Cáceres.  CONADEH

Señora Silvia Lavagnoli. Representante Residente Adjunta. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas apra los Derechos Humanos en Honduras

Abogada Claudia Bustillo Banegas. Comisionado Universitario

 

 

 

 

 

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