• CONADEH dispuesto a cooperar y al mismo tiempo a supervisar que sea una mejora sustantiva y  legítima.

El Ombudsman hondureño expresó que el objetivo  de la declatoria de emergencia es  fortalecer y mejorar un nuevo sistema de gestión penitenciaria. Esa mejora y fortalecimiento deben ajustarse al principio de legitimidad en el sentido de que tanto los procedimientos como los resultados a alcanzar sean conformes al respeto y protección de la dignidad humana.

“Lo que esperamos es que esto permita, en un periodo de seis meses como máximo, un nuevo sistema de gestión penitenciaria apropiada y diferenciada que facilite la gestión de los centros penitenciarios así como también los centros pedagógicos por personas civiles debidamente formadas y capacitadas, para una gestión con resultados en la cual deben prevalecer siempre fundamentos éticos y el respeto a los derechos humanos”. Puntualizó.

El titular del CONADEH recordó que los hechos nefastos del pasado no deben ser tolerados y que el Estado no puede auspiciar la impunidad, por lo cual debe sancionar a los responsables, debe evitar que esos hechos se repitan, mejorar sustantivamente y hacerlo con criterios de legitimidad en todo el sistema penitenciario y en los centros pedagógicos.

Herrera Cáceres convocó y se reunió con representantes del Comité de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV). De igual forma diálogó y concertó la coordinación con la Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y en los próximos días espera hacerlo también con algunas organizaciones de la Mesa de Sociedad Civil con la finalidad de estructurar una alianza, para acompañar este proceso y contribuir decididamente a obtener mejoras sustanciales fundamentadas en el principio de legitimidad.

El Defensor del Pueblo de Honduras concluyó puntualizando que el ente estatal va a supervisar que todas las instituciones encargadas de la aplicación de este decreto de emergencia cumplan con las obligaciones imperativas que tiene el Estado de proteger y respetar la dignidad humana de todas y todos los habitantes, sin ditinción de ninguna naturaleza.

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