Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, hace recomendaciones específicas sobre una lucha eficaz contra virus y otras amenazas a la seguridad humana del pueblo
Nuestra vulnerabilidad a los virus y otras amenazas a nuestra seguridad humana es superior, a la de otros países, porque la mayoría de nuestro pueblo vive en la pobreza y la discriminación social, agravadas por otros males públicos contra los cuales necesitamos simultáneamente luchar.
Por lo anterior, recomiendo:
- A la sociedad y al Estado afianzar su unidad en la prevención, control y erradicación de la propagación del dengue y del coronavirus, logrando el cumplimiento de las instrucciones sanitarias de las autoridades competentes, quienes deben también actuar conforme a la responsabilidad del Estado de proteger y respetar el derecho a la salud de los habitantes. Con ese cometido, el Estado debe asegurar prioridades de prevención y atención, en especial las relativas a la disponibilidad inmediata de: medidas e insumos necesarios de bioseguridad para todo el personal de los centros y establecimientos de salud; pruebas de laboratorio; medicamentos esenciales requeridos; nuevos espacios temporales para el aumento de camas disponibles; ventiladores mecánicos y personal competente para manejarlos; y protocolos pertinentes a todas las diferentes etapas de dichas enfermedades.
Dada su responsabilidad con los derechos humanos de la comunidad, recomiendo a la empresa privada que contribuya, con la Fiscalía del Consumidor y la Dirección de Protección del Consumidor, a controlar y sancionar a los especuladores que alzan sus precios y simulan carestías de alimentos, bienes y productos básicos, como insumos y medicamentos, aprovechándose inhumanamente del drama y de las necesidades de la población.
En los próximos días estaré informando sobre esos y otros aspectos y hallazgos derivados de la supervisión que estamos realizando., lo que acompañaré de las recomendaciones pertinentes.
2. Al Estado, incluyendo a los partidos políticos como instituciones de derecho público, y a organizaciones de sociedad civil, comprendiendo al sector privado, concertar urgentemente una democrática y cívica Alianza por la Dignidad Humana, con planificación de acciones positivas de cambio (desde ahora y para ser continuadas y mejoradas por los próximos gobiernos) contra la pobreza y la desigualdad social, económica y política; el desempleo; la violencia y delincuencia, incluyendo la corrupción e impunidad; la intolerancia política; la falta de crecimiento económico inclusivo; así como la carencia de coordinación y complementación interinstitucional del Estado y de la sociedad, en función de la dignidad humana que es el fin supremo y la premisa antropológica y cultural del Estado de derecho.
Con ese propósito, adoptar y ejecutar un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia pragmática de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable. Ya he señalado las fuentes de los recursos correspondientes, las facilidades que ofrecen los “Municipios de Bienestar Solidario” como espacios municipales de gobernabilidad democrática, y el marco referencial universalmente idóneo que determinan los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El seguimiento de estas recomendaciones podría abrir la puerta hacia un Estado democrático real con una sociedad de bienestar y justicia social. Demos una oportunidad a la transformación nacional.
