El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), lamentó hoy los hechos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH,)  que culminó con la  captura de estudiantes, situación que vuelve más crítico el proceso de dialogo académico entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

A través de un comunicado, recomendó que el Derecho Penal se debe aplicar como última opción, y no como un medio de solución inmediata de problemas., sobre todo en los casos de la protesta social universitaria.

COMUNICADO

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),  ante los últimos acontecimientos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresa las consideraciones y recomendaciones siguientes:

Honduras, como Estado de Derecho, está sujeta a los pactos, convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos y tiene que cumplirlos inexcusablemente, como, entre otros, sucede con respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador. El derecho a la educación ahí reconocido es un derecho inherente a todas y todos los habitantes y es un medio necesario para realizar otros derechos humanos a los cuales está indisociablemente vinculado.

En lo atinente al derecho a la educación superior, Honduras tiene obligaciones fundamentales, entre ellas, la de evitar tomar medidas que obstaculicen o impidan el goce de la educación superior, evitar que sea obstaculizada por terceros, y adoptar medidas y asistir a las personas para que puedan disfrutar de ese derecho humano. Esos derechos implican obligaciones de los titulares con respecto al respeto de los derechos de los demás.

En ese contexto y con ese alcance, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha perseverantemente recomendado el diálogo académico como mejor instrumento para resolver la actual problemática universitaria que ha traído la suspensión de clases en la UNAH y un distanciamiento creciente entre sectores de estudiantes y autoridades universitarias.

Ello porque uno de los más importantes fundamentos de la autonomía universitaria de la UNAH – que debe ser compatible con la fiscalización pública – es garantizar la libertad académica, que comprende la libertad de los miembros de la comunidad universitaria de expresar, sin temor a la discriminación o la represión, sus opiniones sobre el funcionamiento de la institución; la participación en los organismos representativos de la UNAH; y el respeto de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales como personas.

Subrayamos, que el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación y protesta pacífica, son derechos legítimos, inalienables, irreversibles, universalmente reconocidos, y que Honduras, como Estado de Derecho, está en la obligación de reconocerlos y garantizarlos, a través de sus instituciones, entre ellas la UNAH; y orientarse por la moderna aplicación del Derecho Penal según la cual, éste se debe aplicar como última opción, y no como un medio de solución inmediata de problemas, sobre todo en los casos de la protesta social universitaria.

Por ello, lamentamos los hechos ocurridos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Ciudad Universitaria, mediante los desalojos que, en Tegucigalpa, desembocaron en capturas de algunos estudiantes universitarios, colocando en situación más crítica el proceso de diálogo académico entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

Tenemos también que expresar nuestra preocupación ante las aparentes pretensiones de suspensiones oficiales de períodos académicos, los cuales deben reprogramarse, rechazando toda orientación hacia la suspensión prolongada o el cierre indeterminado de la UNAH.  El acto de suspensión o cierre de una institución de enseñanza superior requiere del Estado la justificación de esa grave medida, que  solo puede tomarse por razones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, lo que no ocurre en las actuales circunstancias en Honduras, conforme a lo que prescriben los principios internacionales.

Por lo anterior, recomendamos: 1. Al Estado: garantizar, cada vez más,  el respeto y la protección del derecho a la educación superior, y velar por la realización pronta del diálogo académico; 2. A los miembros de la comunidad universitaria: a iniciar de inmediato, con obligación de resultados prontos, un diálogo académico ejemplar que permita abordar lo esencial de la problemática universitaria y encontrar soluciones, de común acuerdo, sobre los aspectos que favorezcan la educación superior de calidad; 3. Al Estado y miembros de la comunidad universitaria: a tener presente su corresponsabilidad de favorecer condiciones, con enfoque de derechos humanos, que posibiliten eficazmente el diálogo académico apremiante en las actuales circunstancias, en aras del cumplimiento, protección y  respeto del derecho a la educación superior.

Tegucigalpa, MDC, 1 de julio del 2016

 

H Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los Derechos  Humanos

Categorías: NOTICIAS

Comunicación y Prensa

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