Ante  pronunciamientos, expresiones e incertidumbre de la sociedad en relación con el proceso de elección de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como institución constitucional del Estado en el desempeño de sus funciones, con plena autonomía en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales y el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho: expresa las siguientes consideraciones y recomendaciones, en particular al honorable Congreso Nacional, basadas en el orden jurídico constitucional en el cual debe siempre prevalecer el contenido de los acuerdos, tratados, protocolos y otros instrumentos de derechos humanos, vigentes en Honduras.

Consideraciones

  1. En democracia, todos los servidores (as) públicos y todos (as) los integrantes de la sociedad civil, organizada o no organizada, debemos respetar el Estado de Derecho y contribuir a que se aplique realmente.
  2. En esa dirección, los Poderes del Estado deben ejercer democrática, responsable y transparentemente las atribuciones expresas que les han conferido la Constitución de la República y las leyes compatibles con ella; y la ciudadanía debe poder ejercer su derecho de participación en los asuntos públicos, de manera responsable, ética y respetuosa de la institucionalidad del Estado y del orden constitucional que lo regula.

El Estado democrático y social de Derecho requiere de una cultura política que fomente ese valor añadido que aporta la democracia participativa y lo haga parte de la democracia representativa, para robustecerla y arraigarla mas.

  1. El Estado está produciendo evidencias y debe continuar dándolas, de manera cada vez más significativa e integral, de su responsabilidad de hacer prevalecer la democracia y el imperio del Derecho, avanzando en la lucha decidida contra la corrupción e impunidad, así como contra la delincuencia organizada y violencia, entre otras amenazas que causan inseguridad en la población. Esta actividad estatal, para ser exitosa durablemente, necesita complementarse con la participación y actividades cívicas de la sociedad, con una visión integral que garantice la seguridad democrática de las personas para el desarrollo sostenible nacional.
  2. En la referida producción de evidencias, orientadas al bienestar y progreso de las y los habitantes, tiene también un papel especial el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por ser el ente rector del sistema estatal de control de los recursos públicos que deben aplicarse exclusivamente para hacer posible el cumplimiento del derecho humano al desarrollo de los (as) habitantes, por lo que necesita igualmente de la participación y confianza de la sociedad.

La próxima elección de tres magistrados (as) del TSC, quienes deben ser ciudadanos (as) competentes, de reconocida honradez y de notoria buena conducta, es un asunto público que requiere de esa misma colaboración de la sociedad.

  1. Necesitamos distinguir dos etapas. La de selección y la de elección. La elección de los Magistrados es una atribución propia del Congreso Nacional que, sin embargo, debe asegurar, en la etapa de selección de candidatos (as), el derecho de la sociedad civil a realizar veeduría social y a emitir puntos de vista y denuncias al respecto para que sean escuchadas por las autoridades, porque ello dimana de su derecho humano de participar en los asuntos públicos.

En relación con el actual proceso para la elección de nuevos magistrados(as), representantes de organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales, iglesias y academia, consideran principalmente, entre otros aspectos, que ha habido falta de publicidad de las decisiones y actos de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso Nacional que conduce el proceso de selección, y que no se ha garantizado, a la población, el acceso a la información.

En atención a lo que precede, la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), presenta respetuosamente al honorable Congreso Nacional, las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones

  1. Tomar las medidas conducentes, entre ellas la utilización del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (tal como se requirió por el IAIP en el proceso de selección de candidatos (as) a Magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia), para garantizar la debida transparencia y publicidad de todos los actos y decisiones de la Comisión Especial Multipartidaria que han llevado a seleccionar quince entre los ciento dos candidatos (as) que participaron como aspirantes en el proceso de selección y de la actividad restante para la nominación de los candidatos (as). Asimismo, esa publicidad deberá permitir a la ciudadanía, valorar los (as) aspirantes o candidatos y, en su caso, objetar o denunciar documentadamente la razón de su oposición cívica.
  2. Tener presente en este caso y en los demás que examine, en el porvenir de su acción parlamentaria, que siempre debe asegurarse un espacio cívico para la participación de la sociedad civil para que ésta pueda velar por la efectividad y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales que son elemento esencial de la democracia representativa, y para fomentar una cultura política que reconozca el valor de la sociedad civil y de su participación permanente, ética y responsable, con respeto y sumisión al Estado Democrático de Derecho.
  3. El CONADEH recuerda que es un derecho y deber de toda la sociedad, el compromiso reiterado por las mencionadas organizaciones no gubernamentales, iglesias, empresa privada y academia, “de monitorear, evaluar y denunciar irregularidades en el sistema contralor del Estado e incidir para que el TSC cumpla de manera independiente con su mandato legal de ente fiscalizador y responda a las demandas de la población”.

Tegucigalpa, M.D.C, 04 de noviembre de 2016

 

Categorías: NOTICIAS

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