El CONADEH reitera sus afirmaciones y recomendaciones e informa que, ante la prolongación de actos de protesta social, ha coordinado y ejecuta, con instancias y organismos nacionales e internacionales y con la colaboración de organismos no gubernamentales, medidas de prevención y protección de los derechos humanos, entre ellos, derecho a la vida, integridad personal, reunión, manifestación pacífica, libre expresión del pensamiento y libertad de prensa.

Con esa finalidad, se ha tenido aproximaciones crecientes, con autoridades y líderes de las manifestaciones, a nivel departamental y nacional, y se ha logrado facilitar la interlocución entre ellos; así como reafirmar la comprensión del ámbito propio del ejercicio de la autoridad determinado por la protección y respeto de la dignidad de las personas, y por el goce efectivo de los derechos humanos que dimanan de esa dignidad. Lo anterior agilizó la acción del CONADEH en la coordinación y más amplia observación de las manifestaciones, mediaciones en el terreno, liberación de detenidos, mejor atención médica a lesionados, apoyo de Medicina Forense, corroboración de autenticidad de noticias en redes sociales para tranquilidad de las familias, así como en fomento de la confianza con respecto al cumplimiento de las responsabilidades y la palabra empeñada entre autoridades y particulares.

En lo más reciente, el 26 y 27 de enero, hemos observado que, en la mayoría de los departamentos de Honduras, las manifestaciones se realizaron pacíficamente, con diálogo y respeto mutuo, entre manifestantes y autoridades, y consideración debida de los derechos humanos de terceros. Sin embargo, aún no se logra que esas responsabilidades y compromisos se concreten principalmente, en ciertas ciudades de algunos departamentos.

Ahí, hemos podido constatar que, por parte de algunas autoridades, aún persiste falta de diálogo, uso inmoderado de la fuerza y de gases lacrimógenos, estigmatización de personas, con consecuencias negativas sobre la integridad, salud y libre ejercicio del derecho de cada persona a reunirse, expresarse y manifestarse pacíficamente y sin armas; y, por parte de ciertas personas que participan en esas manifestaciones, se ha evidenciado casos de falta de respeto a los derechos humanos de las personas que ostentan autoridad y de las que no participan en las manifestaciones, ocasionándoles daños a la integridad, a la seguridad, a la libre expresión, a la propiedad y a la libre circulación. Todos esos casos están siendo remitidos, a las instancias correspondientes, para su debida investigación y deducción de responsabilidades consiguientes.

 Por lo anterior,  puntualizamos las recomendaciones siguientes:

  1. A la Policía Nacional y a la Policía Militar: a tener presente que su primera obligación constitucional es proteger y respetar los derechos humanos de la población y que, en esa dirección, deben orientar sus estrategias y procedimientos operacionales en relación con las manifestaciones y protesta social, así como con los periodistas y medios de comunicación, y con la salvaguarda de los derechos humanos de terceros.
  2. A los manifestantes: a ejercer libremente su derecho a la manifestación pacífica, con el respeto de los derechos humanos de los demás.
  3. A autoridades y manifestantes: a continuar en el proceso de interlocución para dar efectividad plena a los derechos humanos de reunión, manifestación, libre expresión y otros que los sustentan y los acompañan, de conformidad con el ideal de la democracia que trata fundamentalmente de proteger y promover la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.
  4. A los liderazgos políticos: a que cumplan con su responsabilidad democrática de facilitar los espacios, posibilidades y procedimientos que hagan factible lo anterior, para evidenciar su voluntad y compromiso real con el diálogo socialmente esperado que impulse la democratización genuina del Estado, propiciando compromisos vinculantes orientados, entre otros objetivos, a: hacer realidad oportunidades y posibilidades, a la mayoría de la población, de salir de la pobreza, el desempleo y otras necesidades fundamentales de vida digna; a lograr seguridad humana para todo el pueblo y su participación en el desarrollo sostenible inclusivo; a fomentar la justicia social en la legislación y administración del Estado y en las relaciones sociales y empresariales, y, con ello, la cohesión nacional; a impulsar la tranquilidad nacional y la paz; y a adoptar reformas electorales que conduzcan prioritariamente a una forma de gobierno que sea instrumento idóneo para lograr realmente los anteriores objetivos.

Como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos he instruido a todos los Delegados y Delegadas del CONADEH y sus equipos de trabajo, en toda la República, a continuar actuando también en nuestro papel de facilitadores de la interlocución entre quienes legítimamente reivindican la libertad en el ejercicio responsable de su derecho de protesta social, y la autoridad del Estado que debe proteger y promover esa libertad en el marco del legítimo orden público que defiende los derechos humanos de los demás, la seguridad de todas y todos y las justas exigencias del bien común en democracia.

CONSIDERACIONES

El 12 de enero recién pasado, se presentó el Tercer Informe sumario (ver informes precedentes en www.conadeh.hn) que contiene actuaciones realizadas, por el CONADEH, en ocasión de la crisis post – electoral y, ante la anunciada continuidad de actos de protesta social, se formula más llamados: al Ministerio Público en el sentido de efectuar diligentemente las investigaciones conducentes a identificar la verdad de lo ocurrido en las muertes, atentados contra la integridad personal y vulneraciones de otros derechos humanos, como producto de violencia post – electoral, y a formular los requerimientos correspondientes, para evitar su impunidad; a los miembros de la Policía Nacional y Militar y a los manifestantes: a asegurar el respeto mutuo para hacer posible el ejercicio del derecho individual de reunión y manifestación pacífica, respetando también los derechos humanos de otras personas; a todo el liderazgo democrático, político, social y económico: a atender nuestra recomendación de dialogar fraternal y solidariamente, para poner fin definitivo a la inestabilidad política y conflictividad social que están impactando negativamente en la dignidad de las personas y agravando las ya injustas condiciones de vida de la mayoría de la población que vive en situación de pobreza en nuestra Nación.

A ese respecto, desde nuestras recomendaciones iniciales, hemos llamado a un diálogo sobre la democratización del Estado, discerniendo objetivos vinculantes y procedimientos flexibles de transformación de estructuras de subdesarrollo e injusticia social y, para ello, estructurando una forma de gobierno que sea instrumento adecuado para lograr dichos objetivos con la aplicación diligente y calificada de los procedimientos conducentes.

 

Tegucigalpa, Honduras, 30 de enero del 2018.

 

  1. ROBERTO HERRERA CÁCERES

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Defensor del Pueblo

 

Categorías: NOTICIAS

Comunicación y Prensa

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