El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), integrado por el Ombudsman de Belice, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua y la Defensoría del Pueblo de Panamá, todas instituciones nacionales de derechos humanos de la subregión Centroamericana: se reunió extraordinariamente de forma virtual, bajo la Presidencia del Defensor del Pueblo de Honduras, para abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos centroamericanos, en el contexto del COVID-19 y de la post-crisis.

El Consejo Centroamericano intercambió información y prácticas sobre los avances, en los respectivos países, en la lucha contra el COVID-19, y se coincidió en la utilidad de las mismas así como en la diligencia y productividad del talento humano centroamericano en salud, señalando la importancia de que sus Estados divulguen y transmitan ampliamente sus experiencias y prácticas científicas en salud, como parte del patrimonio común de toda la comunidad centroamericana, y las compartan, como aporte solidario, con todos los pueblos del mundo.  

A partir de lo anterior, de las respectivas realidades y con espíritu regional integracionista, en función de los derechos humanos de los pueblos centroamericanos: se abordó el examen de los demás temas de la agenda, concluyendo con los acuerdos siguientes:

I. Urgir, a los Gobiernos centroamericanos, a tener presente que la legitimidad de las medidas para contener y controlar, el COVID-19 y Dengue, y para la reapertura prudente, gradual y responsable de las actividades económicas y sociales: requiere que esas medidas estén centradas en la protección y respeto de los derechos humanos de toda la población, con referencia especial al derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación adecuada, a la información y al desarrollo, en su interrelación con los demás derechos; y estén fundamentadas, asimismo, en evidencia científica, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en lo que fueren aplicables a las realidades y necesidades de los pueblos centroamericanos y a la situación de pobreza que experimentan sectores significativos de ellos.

Por tanto, hay corresponsabilidad y deberá responderse, ante sus consecuencias, por el cuidado en que la decisión, su ejecución y sus resultados se adecúen a la evolución de la crisis sanitaria y humanitaria COVID-19 y se asegure medios para favorecer una mejor respuesta ante los inciertos resultados.

Se debe actuar responsablemente y unirnos para resolver ésta crisis sanitaria, humanitaria y de seguridad humana, en la perspectiva basada en la dignidad humana que arraigue asimismo un post – crisis de nueva normalidad humanista e innovadora, que nos conduzca al desarrollo sostenible y a la justicia social, en Centroamérica.

Reiterar nuestro llamado, a los Gobiernos de Centroamérica, para la debida protección y facilidades de pronto retorno, a sus respectivos Estados, de las personas migrantes connacionales, que lo siguen solicitando, en el contexto del COVID-19.

II. Instar otra vez, a los Estados centroamericanos, a gestionar internacionalmente la suspensión de pago de las deudas externas, y, con diligencia especial, su condonación a los países con mayor pobreza, para que se pueda dedicar los recursos a atender los severos impactos sociales y económicos derivados de la pandemia, levantando regionalmente el estandarte de la protección y el respeto de la dignidad humana en la poscrisis, en la perspectiva de una nueva normalidad humanista e innovadora, orientada al bienestar de los pueblos centroamericanos.

III. Dar seguimiento a la protección y respeto de los derechos humanos como centro medular del Estado democrático de Derecho en Centroamérica. Lo que requiere de la comprensión, por los Gobiernos centroamericanos, de nuestro papel, como instituciones nacionales de derechos humanos, de garantizar y fortalecer la democracia real que sustenta su legitimidad en la protección y promoción de la dignidad humana.

IV. Llamar, a los respectivos Gobiernos centroamericanos, a tener siempre presente que las instituciones nacionales de derechos humanos somos órganos del Estado investidos de una magistratura de conciencia y moral, y que nuestras recomendaciones contribuyen a que los órganos e institucionalidad del Estado de Derecho se orienten siempre en función del fin supremo que es proteger y promover la dignidad humana de las personas, señalando hechos y recomendando cambios, procedimientos y resultados en favor de la vida, la salud, la seguridad humana, el desarrollo sostenible y, en suma, del bienestar de los pueblos centroamericanos.

Señalar especialmente que el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH), está dando seguimiento a la situación en la hermana República de El Salvador en la cual está siendo afectada las actuaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), cuyo Procurador y equipo de trabajo realizan con independencia, su función constitucional, a pesar de los constantes embates por parte de personas y grupos cuyas actuaciones son contrarias a la causa de la defensa de la dignidad humana. Por lo que el Consejo Centroamericano expresa su firme solidaridad con la Procuraduría de El Salvador, instando, a esta noble institución, a continuar de forma inclaudicable en la defensa a los derechos humanos y de las libertades públicas de los habitantes.

V. Apremiar a desistir de las limitaciones y amenazas al debido funcionamiento de nuestras instituciones nacionales de derechos humanos, evitando actos de represalia y arbitrariedad con los cuales se busca recortar los presupuestos mínimos para nuestro funcionamiento y desconocer la movilización y presencia permanente de nuestro personal en la prestación de servicios públicos esenciales a los pueblos, a lo largo de esta pandemia. Dichas actitudes contravienen gravemente nuestra independencia, legislación nacional y los Principios Internacionales relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, conocidos como los (“Principios de Paris”).

Recordar y subrayar que la independencia es el atributo esencial de las instituciones nacionales de derechos humanos, para su actuación en defensa de los pueblos y del fortalecimiento del Estado democrático de derecho, conforme a los estándares internacionales. En atención a ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó, el 18 de diciembre de 2019, la Resolución 74/156, la cual, en su parte conducente, señala que: “10. Destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia o intimidación, como la presión política, la intimidación física, el acoso o las limitaciones presupuestarias injustificables, como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respectivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas en países, y exhorta a los Estados a que investiguen rápidamente y a fondo los casos de presunta represalia o intimidación contra miembros o personal de las instituciones nacionales de derechos humanos o contra personas que cooperan o tratan de cooperar con ellos y a que lleven a los autores ante la justicia”.

VI. Reiterar nuestro reconocimiento a la valiosa labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestros respectivos países, por lo que hacemos un llamado, a los Estados Centroamericanos, para que se garantice plenamente el desarrollo de sus actividades defensoriales, así como su cooperación en el presente estado de emergencia sanitaria, incorporándolos, sin perjuicio de su autonomía, a las acciones de cooperación solidaria, del Estado y la sociedad, con los grupos vulnerables.

VII. Realzar la importancia que reviste continuar las acciones para el reconocimiento formal del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) como uno de los órganos principales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) e instancia independiente para garantizar ciertamente la base y el objetivo fundamentales del SICA, consistentes en el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos de los habitantes y así constituir a Centroamérica en Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

VIII. Manifestar la voluntad del Consejo Centroamericano de continuar estrechando lazos de cooperación con el Sistema Interamericano y el Sistema de las Naciones Unidas, para fortalecer, cada vez más, las capacidades de este Consejo Centroamericano y sus instituciones nacionales miembros, en la protección y promoción de los derechos humanos de la población centroamericana.

El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH) dará seguimiento a la presente Declaración y continuará cumpliendo su misión de servicio a los Pueblos centroamericanos.

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 11 de junio de 2020

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