El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres,  urgió hoy al Estado hondureño brindar mayor seguridad a los miembros de la Comisión Especial  para el Proceso de Depuración de la Policía ya que  la labor que realizan no solo es de interés nacional sino que  de alto riesgo.

El Defensor del Pueblo condenó, este viernes, el atentado contra asesor de la Comisión Especial  para el Proceso  de Depuración y  Transformación de la  Policía Nacional, Jorge Machado y su esposa,  que dejó como saldo un miembro de su seguridad  muerto y otro herido.

“Es un acto repudiable que lo condenamos enérgicamente porque ningún tipo de violencia debe ser tolerada en este país”, dijo.

“El Estado debe reafirmar su presencia combatiendo  este tipo de situaciones violentas y, sobre todo, luchando  contra la impunidad”, expresó.

El ombudsman hondureño recomendó  fortalecer la acción unitaria entre el Estado y la sociedad en este tipo de situaciones y en cualquiera que tienda a vulnerar la dignidad del ser humano,  la  integridad física y la vida.

Agregó que, este es el momento de poder tomar en cuenta la situación crítica que vive Honduras en materia de violencia delincuencial y que  más allá de las diferencias ideológicas debe haber un fuerte énfasis de la unidad nacional para enfrentar este flagelo.

El titular del CONADEH lamentó que en el hecho violento ocurrido la noche del jueves 15 del presente, haya resultado muerto el militar Geovanny Rolando Calderón y con heridas el agente Ricardo Mendoza Chavarría, ambos formaban parte del cuerpo de seguridad de Machado.

“La vida es el bien personal más preciado e inherente a la dignidad humana, por lo cual, debe prevenirse toda amenaza, atentado o su privación, por cualquier causa o persona, siendo condenable y debiendo castigarse ejemplarmente a quienes priven de la vida a otro”, apuntó.

El ombudsman exigió a las autoridades correspondientes, una investigación profunda y adecuada para dar con él o los responsables y que este hecho violentos no quede en la impunidad.

Herrera Cáceres, urgió nuevamente al Estado hondureño redoblar la vigilancia para salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros que integran la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional que, desde mayo de 2016,  han denunciado amenazas contra ellos y miembros de su familia.

En su criterio, la actividad que desempeña la Comisión Especial de Depuración no solo es de interés nacional sino que es una labor de alto riesgo.

“El Estado debe contribuir a la mayor protección de los miembros de la Comisión, en el ejercicio de sus funciones, para que haya un resultado efectivo  en la medida de lo que espera la sociedad”, indicó.

La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional fue creada a inicios de abril del presente año, está integrada por el representante de la sociedad civil, Omar Rivera; la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano.

El decreto 21-2016 califica de “emergencia” la depuración de la Policía Nacional e instruye a la Comisión Especial hacer el adecentamiento del ente encargado de la seguridad en el país.

 

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