América es considerada como la región de mayores desigualdades y de exclusión de personas que generan flujos de personas migrantes hacia otros países, buscando la efectividad de sus derechos humanos, satisfacer sus necesidades básicas y contar con mayores posibilidades de progreso y seguridad personal y familiar, participando en el crecimiento económico y el desarrollo de los países de destino o acogida. De Honduras ha recientemente partido una nueva caravana de personas migrantes que se calcula comprender un número estimado de cinco mil personas. Somos también países de tránsito de personas migrantes procedentes de diversos continentes.

Hemos constatado, por una parte, esas causas de la migración forzada desde los Estados de orígen, así como la existencia de Estados de tránsito o de destino que consideran todavía la migración como una cuestión centrada en el control de las fronteras y en la seguridad del Estado; y, por otra parte, el reconocimiento internacional de la migración como un fenómeno histórico, global, mixto y complejo que obedece a diferentes causas y está vinculado estrechamente con los derechos humanos de las personas migrantes.

Desde el 2014, el Defensor del Pueblo, Dr. Roberto Herrera Cáceres, ha venido planteando, nacional e internacionalmente, la relación entre migración irregular y derechos humanos, y su vinculación con la seguridad humana y el desarrollo sostenible. Entendimientos y conceptos que, en el 2017,  fueron asumidos por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, en la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y Derechos Humanos- una nueva mirada”, en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

En la Declaración de esa cumbre, se expresa que: “… se constata la necesidad de una nueva mirada respecto al tema de la migración desde un enfoque de dignidad humana, teniendo presente los vigentes instrumentos y entendimientos universales sobre la seguridad humana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que posibilite también atender las causas de los flujos migratorios sin olvidar las responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional”. En consecuencia, se recomienda a los Estados “Que desarrollen políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, cumpliendo con los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de la seguridad humana, aprobado por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 66/290 de 25 de octubre del 2012”.

Esa constatación y recomendación es exhortación a una ruptura de la continuidad histórica y a una reacción y previsión hacia el porvenir, en forma congruente con sus compromisos mundiales, reflejados en su aceptación del entendimiento universal sobre la seguridad humana y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Se espera también una mayor democratización de los Estados y la institucionalidad internacional, en función de su compromiso con los pueblos  de los Estados miembros y la atención cumplida de sus necesidades. Se confía en que Estados y organizaciones internacionales abordarán la migración forzada, superando el inhumano e improductivo enfoque tradicional y dimensionando el fenómeno migratorio con consecuentes enfoques innovadores funcionales para tratar dignamente y hacer viable la reducción del fenómeno de la movilidad humana forzada, con atención a sus causas estructurales y su solución, y sin perjuicio de la responsabilidad de brindar, en todo tiempo y lugar donde se encuentren, protección y respeto a la dignidad de las personas migrantes.

 En el caso de Honduras, como país de origen de migración forzada, debemos atender debidamente nuestras obligaciones nacionales y nuestras responsabilidades internacionales, como Estado y sociedad, de erradicar progresivamente la prevaleciente situación de pobreza, exclusión, desigualdad y desprotección social y fomentar la movilidad humana ordenada, segura y regular de las personas, así como avanzar en la democratización nacional que nos lleve a estructurar una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, con instituciones eficaces y responsables que, a todos los niveles, rindan cuentas, tal como se espera del compromiso y la esperanza de alcanzar las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ya ha reiteradamente documentado y planteado las causas, recomendaciones de soluciones, medios y responsables en dos informes especiales sobre la migración forzada, en el 2018, y en su informe Anual del 2019, entre otros documentos. En el plano de la acción concreta, desde el 2016, lanzó oficialmente, y, al 2020, ya se implementa, con empoderamiento municipal, la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario”

El Ombudsman Herrera Cáceres resume lo anterior, expresando que:” Es inaplazable atender las obligaciones nacionales, centroamericanas y responsabilidades internacionales, contraídas desde el siglo XX, junto con los entendimientos cruciales para la humanidad, en el siglo XXI. Entendimientos que se sobreponen a la pandemia COVID – 19, imprimiendo vitalidad al cumplimiento y a la evolución de los derechos humanos y rompiendo la continuidad histórica del trato indigno de las personas migrantes y de la falta de diligencia en la atención de las causas estructurales de la migración forzada”.

CONADEH, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica 5 de octubre de 2020.


Comunicación y Prensa

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