• Sostuvo que la aplicación del derecho penal se debe aplicar como última opción, y no como un medio de solución inmediata de problemas, sobre todo en los casos de la protesta social universitaria, situación que dificulta y vuelve más crítica el proceso de diálogo entre los estudiantes y las autoridades universitarias

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres,  instó hoy al pueblo hondureño a alentar, a las partes en conflicto en la Universidad  Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),  a encontrar los mecanismos que permitan la reanudación de las actividades académicas a través del diálogo sincero, libre y supervisado.

Luego de los hechos ocurridos en las últimas horas, el ombudsman hondureño,  expresó su preocupación por el distanciamiento que hay entre las autoridades universitarias y  los estudiantes, situación que tiende a agudizar la problemática.

“Nuestra posición siempre ha sido y continúa siendo por el diálogo, un diálogo abierto, participativo e incluyente que permita encontrar y darle atención a las causas subyacentes a la protesta social”, expresó.

Agregó que ha examinado  todas las peticiones que han formulado  tanto los estudiantes que están en protesta como los estudiantes  que aun  no estando en manifestaciones  de protesta, sin embargo, comparten las causas  de la misma y todos coinciden en la necesidad del diálogo.

El CONADEH también tomó nota del contenido del comunicado, de fecha 3 de julio  del año en curso,  de las autoridades de la UNAH, dando a conocer su decisión sobre la reanudación de las actividades académicas y  su “voluntad política” de dialogar con los estudiantes en protesta

Se aprecia, en todas las partes, dijo Herrera Cáceres, el reconocimiento del interés superior de respetar el derecho humano a la educación.

Declaró  que  personal del ente estatal que dirige le ha venido dando acompañamiento y seguimiento a la problemática universitaria en todos los centros regionales de la UNAH, en el territorio nacional, para velar por el respeto de los derechos de las personas,  en particular a la vida,  a la integridad física y a todos los derechos  que están involucrados en esta materia

Lo que sí es preocupante, reiteró el Defensor del Pueblo, es que  en vez de evolucionar en el diálogo todo esto vaya en el sentido del distanciamiento.

Según el titular del CONADEH,  durante toda esta problemática,  se han visto planteamientos académicos, de diferentes sectores, que ameritan ser examinados, dialogados y compartidos hacia el futuro para estructurar relaciones  permanentes por una educación de calidad, que corresponda a la realidad y a las necesidades de la transformación socioeconómica del país.

En su criterio, la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Agregó que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita

Indicó que la UNAH es una institución estatal, responsable constitucionalmente de dirigir la educación superior del país, bajo parámetros de investigación científica y académica, universalidad, representatividad, pluralismo, participación democrática y solidaridad, lo que para todos los miembros de la comunidad universitaria debe de traducirse en tolerancia e inclusión, en las decisiones trascendentales que se tomen.

Diálogo debe ser apremiante

Desde el inicio de la crisis, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha formulado una serie de recomendaciones a toda la comunidad universitaria y a las autoridades del Estado para que el diálogo se realice de manera apremiante.

Apreciamos, dijo Herrera Cáceres, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se haya manifestado haciendo suyo el comunicado que  nosotros hemos emitido reiterando la necesidad apremiante de un diálogo inclusivo y  respetuoso de los derechos humanos.

Además, de los señalamientos que hicimos en torno a la libertad académica, la que no debe ser objeto de represalias ni tampoco discriminaciones contra ningún miembro  por el hecho  de expresar su opinión en cuanto al funcionamiento de la institución, a la necesidad de tener una mayor participación en la toma de decisiones  y en cuanto al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sostuvo que la aplicación del derecho penal se debe aplicar como última opción, y no como un medio de solución inmediata de problemas, sobre todo en los casos de la protesta social universitaria, situación que dificulta y vuelve más crítica el proceso de diálogo entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

 

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