COMUNICADO

 DEFENSOR DEL PUEBLO RECUERDA DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELECTRICA Y RECOMIENDA A LA POBLACION CONSTITUIR ASOCIACIONES DE PROTECCION A LOS USUARIOS, EN CADA COMUNIDAD

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en ejercicio de sus atribuciones, se dirige al pueblo hondureño sobre un tema de interés nacional como es el servicio de la energía eléctrica que impacta en el ejercicio de los derechos humanos de todos (as) los habitantes.

Además de su atribución constitucional de velar por la protección y respeto de la dignidad humana de los habitantes, una de las funciones del  CONADEH es investigar hechos  que puedan  implicar un ejercicio arbitrario, abusivo y discriminatorio  de parte de la administración pública y de entidades privadas que presten servicios públicos como el de la energía eléctrica, que tiene que ver con la vida  y otros derechos humanos de las personas y de las comunidades,  en todo el territorio nacional.

Proveer energía eléctrica a las y los habitantes es una responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano que el Estado debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna.

Hemos examinado las denuncias que se han presentado en nuestras oficinas departamentales y regionales y las que hemos tomado de los diferentes medios de comunicación. Situación  que nos llevó a reunirnos con los representantes de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE),  ente creado por la Ley General de la Industria Eléctrica, en vigencia desde el 2014, que tiene entre sus atribuciones supervisar la aplicación debida de la Ley y en particular la continuidad y seguridad del servicio público.

Esta convocatoria del CONADEH, tuvo como propósito verificar y asegurar que todo este enfoque de derechos humanos sea tenido  en cuenta en la aplicación de la Ley, en la elaboración de sus  reglamentos y, sobre todo, en el momento actual en que se está trabajando en una Política Pública del Sector Energético. Por lo cual, se les recordó que la aplicación e interpretación de la Ley tiene que hacerse conforme a lo que  establece la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de protección de la dignidad humana de las personas, las familias y la comunidad nacional.

Por ello, se les manifestó que es necesario aplicar principios sobre el objetivo del servicio público que es beneficiar a los habitantes y a la universalidad que posibilite que ninguna persona quede excluida del abastecimiento, en especial, se asegure la inclusión de los  sectores más desfavorecido de la población, entre otros medios, por los subsidios, porque es obligación del Estado garantizarles ese acceso a la  energía eléctrica,  que es servicio esencial indispensable para el desarrollo de un vida digna, en los hogares y en las comunidades.

Señalamos la importancia de dar pronta respuestas a las  quejas que la población ha venido interponiendo,  tanto a título personal como a nivel colectivo en los municipios, donde han  visto interrumpido y,  en varios casos por prolongado tiempo,  el servicio de la energía eléctrica, lo que constituye una amenaza a la continuidad y seguridad del servicio público y al cumplimiento de normas de calidad que, en beneficio de los usuarios, deben regirlo.

Por todo el expuesto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomienda:

A la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica:

  • Divulgar sistemáticamente lo relativo a los responsables de la atención de las quejas de la población y los plazos de las respuestas por parte de la empresa de Energía Honduras o la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Instalar, en los próximos días, un sistema de quejas que esté más organizado que el actual y que garantice respuestas prontas y confiables, para lo cual, el CONADEH también colaborará. Con el propósito de brindarle mayor protección al usuario, el CONADEH estará inicialmente trabajando con la Comisión Reguladora (CREE) en un sistema que permita a ambas instituciones estar informadas automáticamente de cada denuncia y de supervisar las respuestas, para garantía de los usuarios.
  • Examinar los daños que se están causando no sólo a los hogares, sino que también a las comunidades en materia de: alumbrado público y de servicios prioritarios como la educación, la salud, la recreación y en una serie de necesidades que implican derechos humanos. A avanzar en lo relativo a la determinación del monto de las indemnizaciones a los usuarios afectados, cuando la falla sea imputable a la empresa distribuidora de energía eléctrica.
  • Elaborar y aplicar protocolos de suspensión que anuncien tempranamente cuando exista la necesidad fundamentada de interrumpir el servicio público de la energía hacia un sector o comunidad, para que las personas puedan tomar las medidas necesarias anticipadas a fin de evitar daños mayores y puedan afrontar la carencia de energía eléctrica en mejor forma.
  • Asegurar siempre el goce del derecho humano a la energía y promover la transparencia en las tarifas para que todo se haga en beneficio equitativo de los habitantes, acorde con la realidad del consumo para evitar costos excesivos que afecten la economía de la población y con los susidios o apoyos requeridos para evitar la exclusión o discriminación, en el goce del derecho humano a la energía eléctrica, de las personas en situación de pobreza o sectores en grupos en condiciones de vulnerabilidad .

A la población en general:

  • Constituir asociaciones de protección de los usuarios de la energía eléctrica que contribuyan a defender este derecho humano a la energía eléctrica, en cada comunidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2016

Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

Comisionado Nacional de los  Derechos Humanos

 

 

Categorías: NOTICIAS

Comunicación y Prensa

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