Ombudsman hondureño recomienda:

Reconsiderar reformas de carácter penal que podrían afectar la vida y otros derechos humanos

 El Defensor del Pueblo, Roberto  Herrera Cáceres, recomendó hoy reconsiderar proyectos de reformas de carácter penal que podrían afectar derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad, seguridad personal y participación pública.

 COMUNICADO

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con el debido respeto a las atribuciones y funciones correspondientes a los Poderes del Estado, cumple con su deber de presentar las siguientes observaciones y recomendaciones sobre proyectos de reformas de carácter penal que podrían afectar derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad, seguridad personal y participación pública del pueblo:

  1. En una sociedad democrática debe primar el respeto y la protección de la dignidad humana, como piedra angular del Estado constitucional de Derecho, sujetándose ineludiblemente a lo prescrito en los tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia de los tribunales internacionales en la materia y lo establecido en la Constitución de la República.
  1. En los proyectos de reformas penales, enviadas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su correspondiente discusión y aprobación, hay varias disposiciones sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Esas disposiciones deberían ponerse en concordancia y subordinarse a los aplicables estándares internacionales de derechos humanos, en particular al “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y a los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

En virtud de ello, debería reconsiderarse la adición que el proyecto plantea al artículo 25 del Código Penal, referente a las causas de inculpabilidad. Proyecto de adición orientada a eximir de responsabilidad penal a “quien, siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a otra persona”.

La reconsideración, debería hacerse, porque:

  1. La adición propuesta estaría infringiendo los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. En materia de derechos humanos, la Ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales las fuerzas de seguridad pueden causar lesiones o privar de la vida a una persona, ya que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Las fuerzas de seguridad sólo podrán hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional, cuando sea estricta y razonablemente necesaria, y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Lo que, es más, la Ley debe prever y sancionar, siempre acciones de empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o armas de fuego;
  1. El artículo 24 del Código Penal vigente ya establece las causas de justificación de legítima defensa y acciones en cumplimento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, aplicables también a los agentes de seguridad que actúen bajo las circunstancias que establece la ley y los principios de la Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas;
  1. Conforme a las anteriores observaciones, el proyecto de adición, abriría un margen de permisibilidad, que podría ser interpretado como un privilegio para el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza y de las armas.
  1. Debería evitarse la tipificación de tipos penales abiertos o difusos, que carezcan de precisión en sus elementos, lo que podría vulnerar derechos fundamentales de los habitantes, al momento de ser sometidos al proceso penal.

Es el caso de la reforma planteada del artículo 335 y 335-A, del Código Penal referentes al delito de Terrorismo, se requiere una mejor y clara redacción, tomando en cuenta la doctrina internacionalmente reconocida, según la cual uno de los elementos fundamentales de caracterización de ese delito es la finalidad política del sujeto activo y de los demás partícipes.

De mantener la redacción actual del proyecto, a pesar de la presente recomendación de reconsiderarla y ponerla de acuerdo a la dogmática jurídica, a la moderna doctrina del Derecho y a las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas: se violentaría el Principio de Legalidad y el Principio de Previa Tipicidad, establecidos en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 9 y 15.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De igual forma favorecería el riesgo de la arbitrariedad y violentaría derechos fundamentales de posibles imputados al ejercer legítimamente el derecho a la asociación, reunión y manifestación pública, consignados en los artículos 78 y 79 de la Constitución de la República y en los artículos 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 21 y 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En todo caso, se debe evitar, en toda forma, la criminalización de la protesta social o la aplicación indiscriminada del tipo penal de terrorismo a personas que ejerzan su legítimo derecho a la protesta pacífica y sin armas, y a la participación ciudadana en los asuntos públicos.

  1. En cuanto al artículo 237-B, del Código Procesal Penal, referente a la participación en el proceso de las personas en condición de vulnerabilidad, se debería observar y tomar en cuenta, para esta reforma, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Tegucigalpa, Honduras, 19 de enero del 2017.

 ROBERTO HERRERA CÁCERES

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

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Comunicación y Prensa

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