Urjo a la población, a presentar denuncias, ante la Dirección de Protección al Consumidor, el Ministerio Público, la policía nacional y municipal, con copia o conocimiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para seguimiento correspondiente de toda actividad de especulación que vulnere el derecho de los consumidores, en el precio y calidad, en los alimentos, medicinas o productos farmacéuticos, agua potable y otros servicios públicos.

Las personas consumidoras denunciantes tienen el derecho a recibir respuestas oportunas a sus peticiones y a que las autoridades hagan las inspecciones y verificaciones consiguientes para fundamentar la aplicación de sanciones ejemplares, en especial en tiempo de calamidad pública, como el presente, que ha inducido, al Gobierno, a declarar estado de emergencia sanitaria, con suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos, por el Coronavirus que obliga también al aislamiento forzado de los habitantes.

Las actividades ilícitas de especulación, en bienes y servicios esenciales, constituyen un abuso de derecho que perjudica a los sectores consumidores de la población, en especial a la mayoría de nuestro pueblo que vive en condición de pobreza o en áreas rurales; daño social que se agrava al haber omisión en su investigación, verificación y sanción, por autoridades del Estado. Estas actividades ilícitas actúan como parásitos aliados al Coronavirus que nos agrede como mal público generalizado. Considero esa especulación como “forma de explotación del hombre por el hombre”, en el sentido del abuso de un  derecho, al tenor de lo que expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Abuso tanto más dañoso, en las actuales circunstancias que han sometido, al ser humano, a una mayor vulnerabilidad.

 El Estado de Honduras está obligado a evitar, controlar y sancionar realmente la especulación ilícita, porque la protección del consumidor es parte del sustento de la seguridad democrática de cada persona consumidora y de cada comunidad  municipal, que el Estado tiene el deber de proteger y respetar, de conformidad a lo que dispone el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. La sociedad debe contribuir a ello, denunciando las prácticas de especulación, organizándose más para protegerse e incidir en la mejor aplicación, en Honduras, de las “Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor”.

En virtud de lo anterior, llamo, a la sociedad y al Estado, a eliminar esa conexión de males públicos contra el pueblo, en nuestra gran batalla contra el coronavirus. Lo haremos con nuestra unidad solidaria y cruzada nacional que son la clave para vencerlos, en todas las áreas rurales y urbanas de nuestra querida patria.

Categorías: COVID-19

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