• Herrera Cáceres recomendó al gobierno no limitarse únicamente en la legislación represiva si no que  debe acompañarse con legislación preventiva que tiene que ver con la  seguridad humana.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que si en las reformas del Código Penal, aprobadas en el Congreso Nacional, hubiera disposiciones que vulneren el principio del respeto y protección de la dignidad humana, las mismas estarán sujetas a acciones o recursos de inconstitucionalidad.

El Defensor del Pueblo considera que un criterio fundamental que debe obedecer en todo Estado de derecho, es que la legislación penal y la legislación nacional deben subordinarse a la protección y al respeto de la dignidad del ser humano.

“No sujetarse a esa disposición implica que se estaría vulnerando el Estado Democrático de Derecho”, declaró.

Agregó que si las reformas penales que se aprobaron, se hicieron acordes con la progresión que ha tenido el delito y los delincuentes en Honduras, es una actividad normal en todo Estado a fin de mantener la seguridad de las personas y los bienes.

Si lo que se hizo está acorde con ese principio fundamental  protección y de respeto de la dignidad humana, esa legislación debe aplicarse, expresó.

El titular del CONADEH espera que las reformas aprobadas en el Congreso Nacional sean precisas, claras e inequívocas y no den lugar a conceptos de intervenciones arbitrarias en el futuro.

Destacó la evolución que hubo producto de las recomendaciones que se le hizo al primer proyecto que sometió la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional.

El 19 de enero pasado, el CONADEH emitió un comunicado, luego del análisis  del contenido de las reformas penales propuestas por el Poder Ejecutivo, en el que hizo algunas recomendaciones en cuanto al uso de la fuerza y de las armas de fuego por miembros de la policía y demás cuerpos encargados de la seguridad en el país.

En el documento mencionó aspectos fundamentales,  como  el de tener en cuenta que se necesita promover el acceso a la justicia de los más débiles.

El ombudsman hondureño es del criterio que ningún concepto en materia penal puede ser abierto  o difuso porque de serlo puede aplicarse arbitrariamente y eso afectaría la seguridad ciudadana, es decir, que saldría peor el remedio que la enfermedad.

Si el delito y el delincuente van progresando, el Estado tiene que ir más adelante y, eso implica que la legislación debe ser de previsión y de sanción efectiva a las conductas que han sido previamente tipificadas como delictivas, acotó

Herrera Cáceres recomendó al gobierno no  limitarse únicamente en la legislación represiva sino que  debe acompañarse con legislación preventiva que tiene que ver con la  seguridad humana, es decir, atender todos aquellos factores que están incentivando el crecimiento de la violencia y la delincuencia en el país.

Para el caso mencionó que se deben quitar todas aquellas  condiciones que favorecen el reclutamiento, por parte de las bandas criminales, de personas que viven en la pobreza o en la indigencia.

Además,  crear más fuentes de trabajo para ocupar lícitamente y abrir nuevas posibilidades de progresar para la juventud.

Sostuvo, que si hubiera disposiciones, en las reformas al Código Penal, que vulneren el principio del respeto y protección de la dignidad humana, la misma  estaría sujeta a acciones de inconstitucionalidad por cualquier sector que así lo estime conveniente.

 

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