Presentación del Informe Anual 2016 sobre el estado general de los derechos humanos y la acción del CONADEH.

                                                                       

  1. Roberto Herrera Cáceres

                                                                                 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

 Ante la vulneración creciente de derechos humanos por los males públicos que se han venido históricamente acumulando y hoy sufrimos severamente, y más allá de los avances e importantes esfuerzos que realiza el Estado por contrarrestarlos y superarlos: es imprescindible construir bienes públicos que vivifiquen el goce y ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo y la seguridad humana, haciendo posible así el mejoramiento progresivo del bienestar del pueblo. Construir, para lograr ese propósito, implica tener presente que tal como se ha reconocido internacionalmente: “La batalla por un desarrollo centrado en el ser humano y sostenible no se ganará o perderá en los pasillos de los gobiernos sino en cada pueblo y cada hogar, en cada aldea y cada ciudad, en el quehacer cotidiano de cada miembro de la comunidad mundial y de cada institución de la sociedad civil”.

 Honorables Srs. Diputados:

En cumplimiento de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos: comparezco, ante el honorable Congreso Nacional, a presentar el informe anual sobre el estado general de los derechos humanos y la acción realizada por el CONADEH, en el 2016, para contribuir a garantizarlos, así como perspectivas en el 2017.

La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe contribuir al bienestar del pueblo hondureño conforme a su misión constitucional de ser garantía del Estado en cuanto al cumplimiento de su fin supremo que es también el de la sociedad, consistente en la protección, respeto y promoción de la dignidad humana, por medio de la vigencia y cumplimiento efectivo y progresivo de la integralidad de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En esa dirección, la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como órgano de relevancia constitucional del Estado que se encuentra presente en todos los departamentos de Honduras, ejecuta acciones conforme a su Ley Orgánica y los principios internacionales de Naciones Unidas, funcionando con autonomía o independencia de los poderes públicos y otras instituciones del Estado, así  como de sectores privados, organizaciones no gubernamentales y otros sectores o grupos particulares.

No obstante, los insuficientes recursos que el Estado nos asigna en el presupuesto nacional, somos conscientes en cuanto a que la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe constantemente mejorar su rendimiento social al pueblo hondureño. Por eso, en ocasión de la presentación de nuestro informe anual anterior, hace un año, anunciamos que íbamos a realizar un proceso de reordenamiento estructural del talento humano del CONADEH para seguir profundizando más en el cumplimiento de nuestra misión constitucional; y hoy informo que hemos concluido tanto la auto – evaluación interna como la evaluación internacional o análisis de capacidades del CONADEH, realizado por  una misión de especialistas en derechos humanos conformada por una representante de la sede  de Nueva York del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una representante de la sede de Ginebra  de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH,) y una Representante de  una institución homóloga latinoamericana (Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala). Ya hemos iniciado el cumplimiento de las recomendaciones de esa misión internacional de especialistas y, para implementarlas integralmente, además del necesario incremento presupuestario que se espera recibir del Estado, estamos gestionando cooperación internacional complementaria. En días recién pasados nos hemos reunido con una representación de esa misión internacional de especialistas que ha venido a Honduras, ha reconocido nuestros avances de cumplimiento de sus recomendaciones y ha expresado su voluntad de apoyar en nuestras gestiones de cooperación.

En lo que atañe a la valoración de nuestro funcionamiento, en el 2016, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ha reconocido, al CONADEH, el 100% de niveles de eficacia documentada, al ejecutar la planificación; y el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha reconocido el 100% de interés del CONADEH, en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Honorables Srs. Diputados:

Desde el inicio de la presente gestión administrativa del CONADEH, hemos señalado situaciones estructurales y coyunturales que deben atenderse para avanzar efectivamente en el cumplimiento,  respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los (as) habitantes, que comprenden el derecho al desarrollo y a la seguridad humana o democrática. Como ejemplo de esas situaciones, indicamos la de pobreza y exclusión social en la cual vive la mayoría de nuestra población, agravada por el desempleo y sub-empleo; la violencia y delincuencia; la corrupción e impunidad; la migración y desplazamiento forzados; la falta de aplicación integral de la legislación vigente; las epidemias del dengue, Chikungunya, Zika y otras amenazas a la salud; la necesidad de mejor calidad educativa; y los efectos, sobre los derechos humanos de la población, de fenómenos naturales y provocados: plagas, incendios forestales, tala ilegal del bosque y otros daños medioambientales; así como las posiciones ideológicas o político-partidistas excluyentes de la tolerancia y del diálogo social que son negatorias de la existencia, autonomía personal y de los derechos de opinión, libertad de expresión y participación política, de los demás.

Todos esos males públicos que afectan los derechos humanos de los (as) habitantes, son contrarios a la positividad del Estado democrático y social de Derecho que está constitucionalmente vigente y al servicio de la protección, respeto y promoción de la dignidad humana y de la vida social en paz, democracia, desarrollo y libertad. Objetivos y valores de los cuales el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es garantía constitucional.

En esa virtud, en la presente gestión administrativa 2014- 2020 del CONADEH, actuamos actuando orientados por una política de funcionamiento institucional, sustentada en la conciencia del valor de los derechos humanos como instrumento de cambio social, para ayudar a construir la seguridad humana que posibilite, al Estado y la sociedad, favorecer el bienestar de todas y todos los habitantes.

Por ello, hemos innovado poniendo en vigencia, desde el 2014, el Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana” que nos ha servido de guía para apoyar a los (as) habitantes hacia su mayor participación política y goce efectivo de sus derechos humanos, y para el diseño, en consulta con las comunidades locales, de una estrategia novedosa de apertura de espacios que faciliten la participación política y la vida digna con bienestar. En consecuencia, además de las funciones tradicionales de protección, atención de denuncias o quejas y capacitaciones según necesidades planteadas, en todo el territorio nacional, planificamos y desarrollamos funciones transformadoras incluyendo las de prevención, así como de promoción de goce efectivo y progresivo de la integralidad de los derechos humanos, desde la comunidad municipal.

Como ejemplo de principales actuaciones del CONADEH, a nivel nacional, en el 2016, entre otras que se indican y desarrollan en el contenido del Informe escrito, están las siguientes:

  • Atención, en el ámbito nacional, de 10,769 quejas o denuncias que provienen de un mínimo de 239 municipios. 9114 son quejas o denuncias de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
  • Capacitación de 22, 240 personas en derechos y deberes humanos; y realización de 2206 acciones de divulgación de los derechos humanos.
  • Ejecución de 865 inspecciones a servicios públicos (Centros de salud; Establecimientos de educación, Centros Penitenciarios; otros).
  • Ampliación de las funciones tradicionales de monitoreo forestal a las de protección del bosque en su relación con todos los derechos humanos de los habitantes, incluyendo el derecho al medio ambiente sano y el derecho al desarrollo.
  • Mediación en solución de conflictos en escuelas, universidades y minas.
  • Creación y puesta en funcionamiento, con el apoyo del ACNUR, de una unidad especializada para el estudio, seguimiento y recomendaciones sobre causas, prevención y protección de desplazados internos.
  • Atención y supervisión del proceso de elección de nuevos magistrados (as) en la Corte Suprema de Justicia.
  • Monitoreo de regulaciones sobre el servicio público de energía eléctrica.
  • Además de conocer denuncias y hacer recomendaciones sobre situaciones internas que afectan a afiliados de partidos políticos, el CONADEH en coordinación y cooperación con el Tribunal Supremo Electoral, ha participado recientemente, con 217 observadoras y observadores,  en la supervisión del proceso electoral primario, del 12 de marzo, realizando la primera jornada de observación electoral activa con enfoque de derechos humanos, para fortalecer el derecho a la participación política de la ciudadanía, con especial atención a los sectores y grupos más desfavorecidos en nuestra sociedad. De ello, rendiremos informe, en los próximos días.

Otros ejemplos de actividades realizadas en seguimiento a la aceptación, por el Gobierno, de nuestras recomendaciones, son:

  • El inicio, junto con la Secretaría de Educación y otros actores, del proceso conducente a la incorporación de la cultura democrática y educación en derechos humanos en el currículo nacional, a nivel pre-escolar, básico y medio, ejecutando un “Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos para Honduras” que concertará y coordinará esfuerzos Estado – sociedad – cooperación internacional, para dirigirnos hacia la educación de calidad que incorpora también una perspectiva diferencial en relación con los derechos fundamentales de los sectores y grupos en condición de vulnerabilidad y con nuestra diversidad étnica y cultural. Este es uno de los proyectos vitales para Honduras que contribuirá a conducirnos al logro de la armonía y cohesión social en comunidades pacíficas e inclusivas que participen en el desarrollo sostenible y en sus beneficios; vigilen y cooperen con el buen gobierno; contribuyen con la seguridad humana; y fortalecen el Estado democrático y social de Derecho.
  • La realización, por el Gobierno, de la adecuación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible”, a las necesidades y prioridades nacionales, para ejecutarlas en el período 2016 – 2030, con la contribución y supervisión del CONADEH. El avance del Estado y la sociedad, en esta dirección, permitirá poner de manifiesto que hemos asumido nuestra responsabilidad principal de: poner fin a la pobreza, en todas sus formas y dimensiones; promover sociedades pacíficas e inclusivas; fomentar el crecimiento económico y el progreso social; proteger nuestros recursos naturales y medio ambiente, y, con ello dar nuestro aporte a la protección de los del planeta tierra, entre otros importantes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que están interrelacionados y requieren soluciones integradas, con el respaldo y cooperación de la comunidad
  • Además, sin perjuicio del reconocimiento del esfuerzo que el Estado realiza en el área de la seguridad pública, el CONADEH ha recomendado también asumir las normas universales de la seguridad humana que son las únicas que nos pueden dar solución, hacia el porvenir, de la complejidad de los problemas y crisis que experimentamos a nivel local y nacional. Desde el 2012, hay un “entendimiento común” reflejado en normas de Naciones Unidas, según el cual, la seguridad humana busca respuestas exhaustivas y pertinentes centradas en las personas en sus respectivos contextos locales, en particular las vulnerables, para hacer efectivo el derecho a vivir en libertad y con dignidad, disponiendo de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente su personalidad y potencial humano.

Tal como se anunció desde el 2014, después de dos años de acciones de capacitación, sensibilización y empoderamiento social de grupos y sectores de comunidades municipales: en el 2016, lanzamos oficialmente la estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible local, denominada “Municipios de Bienestar Solidario”, abriendo oportunidades y posibilidades de transformación con la movilización de las comunidades para su participación activa, responsable y productiva en los asuntos públicos locales, buena gobernanza municipal, mayor protección y respeto a los derechos humanos, fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de sociedad civil.

Esta estrategia municipal de derechos humanos es modelo propio hondureño y está dirigida a crear los espacios que permitan al Estado y la sociedad afirmar la democracia participativa, el pluralismo político, la unidad de propósito en la diversidad de opiniones y la cohesión social de las personas y comunidades municipales. Comprende, desde lo local, instrumentos de lucha contra la actual crisis nacional generalizada, y de avance para producir transformaciones en las cuales todas y todos participemos y nos beneficiemos, con conciencia y responsabilidad cívica, para vivir decentemente como seres humanos y tener posibilidades de mejorar el bienestar personal, de nuestras familias y nuestra comunidad local y nacional.

Esa estrategia se origina en los municipios porque son los territorios más cercanos a cada habitante para su participación democrática en los asuntos públicos y el logro de la protección, respeto y promoción de su dignidad. Son espacios que ofrecen las mejores oportunidades y posibilidades, para obtener prontas y apropiadas respuestas democráticas a las necesidades y demandas de las personas y comunidades, y hacer posible, con el gobierno municipal, su trabajo solidario por el desarrollo sostenible local. Ahí es más factible dar la atención a la prevención temprana orientada a reforzar la protección de la dignidad de las personas, promoviendo la solución local de sus propios problemas esenciales y comunes, así como de las quejas o denuncias individuales, en especial de los sectores más desfavorecidos.

La construcción de “Municipios de Bienestar Solidario” que esperamos llegue a beneficiar a los 298,  se está divulgando en ellos y, con la orientación del CONADEH, se está inicialmente ejecutando en alrededor de 36 municipios de los 18 Departamentos, por medio de instrumentos diseñados para funcionar complementariamente como lo son: las Redes Multisectoriales; los Sistemas Locales tanto de Protección, como de Promoción de los Derechos Humanos; los Índices municipales de Seguridad Humana; la veeduría y auditoría municipal; el acceso a la información pública; el acceso a la justicia;  el acceso a los servicios públicos; la Cultura Democrática y Educación en Derechos Humanos; y los Ombudsmóviles .

En fin, hemos avanzado también en el ámbito internacional, en particular con nuestra contribución significativa a la reactivación del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH), en reconocimiento de lo cual fui electo como su Presidente, para el período 2015- 2016. Por los Ombudsman centroamericanos, fui luego propuesto y elegido como segundo Vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (Período: 2016 – 2017) y seleccionado, para representar el Consejo Rector de la FIO, con la exposición introductoria del tema central “Pobreza, Dignidad y Derechos Humanos”, del Congreso internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman,  celebrado en el 2016; y, en el próximo mes de mayo, para dirigir la Mesa sobre el “Origen de los flujos migratorios en América”, en la Cumbre Iberoamericana  “Migración y Derechos Humanos- una nueva mirada”.

 

 

 

Honorables Srs. Diputados:

El presente año electoral nos coloca ante la proximidad del inicio de un nuevo gobierno que deberá ineludiblemente asegurar, cada vez más, la protección, promoción y el respeto de la dignidad humana de todas y todos los habitantes, por ser ese el fin supremo que determina la legitimidad del funcionamiento institucional del Estado y la sociedad.

En razón de todo lo anteriormente informado, me permito concluir aludiendo también al bajo nivel de desarrollo de Honduras que es el más importante problema político, económico, social y ambiental del país que nos limita enfrentar sosteniblemente los males públicos que nos agobian y encaminarnos firmemente hacia el bienestar general; y cuya solución apremia a avanzar hacia el desarrollo sostenible, en paz, democracia, y libertad, mediante transformaciones en las estructuras económicas, sociales, ambientales, políticas y mentales.

Para poner fin a una similar etapa de males públicos de violencia, vulneraciones de derechos humanos y ausencia de democracia real, y ante los requerimientos de sus pueblos, en las últimas décadas del pasado siglo XX, los Estados centroamericanos decidieron sabiamente asumir el compromiso jurídico-político de resolver los problemas por medio de la seguridad democrática centrada en las personas y en el desarrollo sostenible inclusivo,  y la fundamentación del proceso de integración centroamericana, en el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos. Todo ello está expresado en un entramado de normas internacionales de integración o comunitarias vigentes, pero, hasta ahora, esas normas tampoco han sido cumplidas en su esencia, lo que ha contribuido a la situación actual que es análoga, a la ya experimentada, en cuanto a males públicos regionales y nacionales. Sin embargo, esas normas son obligatorias y el compromiso jurídico, político y social de Honduras debe garantizar su aplicación efectiva, pues al formar parte de nuestra legislación nacional son puentes para transitar hacia el bienestar de nuestros pueblos y para cumplir con la legislación internacional vigente en Honduras, especialmente en materia de derechos humanos.

Esa legislación tiene el potencial de facilitarnos la salida, cierta y productiva, a la actual situación excepcional que experimentamos, por medio de la seguridad humana y el desarrollo sostenible de Honduras, pues potencia acciones en curso, entre ellas, la construcción de “Municipios de Bienestar Solidario”, para permitir que todos los municipios de Honduras se levanten con el esfuerzo de sus comunidades y gobiernos locales y el apoyo subsidiario del gobierno central y la cooperación interna e internacional. Esas son expectativas fiables y ya anuncian el inicio de tiempos diferentes con cambios positivos que vigorizarán a la sociedad y el Estado democrático y social de Derecho, con la mejora progresiva de la condición humana y el bienestar del pueblo hondureño.

Un cambio inicial, en esa dirección, sería una mejor adecuación, de acuerdo a nuestra realidad, del presupuesto nacional para beneficiar apropiadamente al sector social en salud, educación, trabajo, medio ambiente y todo lo que contribuya significativamente a mejorar la calidad de vida de los (as) habitantes, en especial de los sectores o grupos en condiciones de vulnerabilidad, y a la aplicación efectiva de la vigente Política Pública en Derechos Humanos.

Se requiere complementariamente de la comprensión de la población incluyendo los servidores públicos, en cuanto a que los derechos humanos son interdependientes e inherentes o propios de todas y cada una de las personas, sin discriminación, pues expresan la unidad de su dignidad humana y de la necesidad de su protección, respeto y promoción; y que, por eso, los derechos humanos de las personas no tienen alineamiento alguno ni ideológico ni político-partidista, ni deben ser utilizados para fines sectarios ni para confrontar o promover el odio, la violencia o la exclusión social.

Al contrario, los derechos humanos sustentan el lenguaje común del diálogo y la conciliación, así como la necesaria correspondencia que debe existir entre derechos y deberes humanos, tal como lo expresa prístinamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los siguientes términos: “El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad”.

Honorables Srs. Diputados:

Los partidos políticos tienen un papel importante que desempeñar en la esperada transformación de la sociedad y del Estado y debemos afianzar la confianza de la sociedad en ellos, como instrumentos de efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos públicos para contribuir al fortalecimiento permanente del Estado democrático y social de Derecho.

Esa participación política debe ser democrática, pluralista, con libertad de opinión y de expresión del pensamiento y ser promovida y garantizada, desde el momento inicial de la vivencia interna de los ciudadanos (as) en sus respectivos partidos políticos, con un proceso sostenido de aseguramiento de la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales de los afiliados y de democratización institucional permanente. Si los partidos políticos no cumplen estos requisitos en su funcionamiento interno, pierden su razón de ser como instrumentos de efectiva participación política de la ciudadanía para fortalecer e impulsar el ejercicio democrático y social del poder del Estado, en dirección al logro del fin supremo del mismo de proteger, respetar y promover la dignidad humana de los (as) habitantes de Honduras.

Ello evidencia la necesidad que tenemos igualmente, en Honduras, de fortalecer la cultura democrática para el desarrollo de nuestros partidos políticos y de prácticas democráticas internas que luego se expresen en consistentes y positivas prácticas externas, dentro de la institucionalidad del Estado y al servicio de los habitantes, siempre con la opción preferencial por los (as) más desfavorecidos o en condiciones de vulnerabilidad.

En síntesis, con la participación activa y responsable de la sociedad en alianza con el Estado, debemos concurrir a la construcción de espacios positivos de transformación social expresados en bienes públicos de seguridad humana y desarrollo sostenible inclusivo, fortaleciendo así nuestro Estado democrático y social de Derecho, para lograr la visión común de orientarnos y actuar, como pueblo unido, por la senda del desarrollo sostenible, hacia el bienestar de todas y todos.

De esta manera, he tenido el honor de presentar y hago entrega, al honorable Congreso Nacional de la República, del Informe Anual 2016 de la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Informe que, en este mismo momento, está siendo publicado en nuestra página web institucional.

 

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 2017

 

 

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