El Defensor del Pueblo de Honduras, H. Roberto Herrera Cáceres, informa sobre los resultados del diálogo y el papel de mediación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en la solución del conflicto Social en Azacualpa, La Unión, Copán; y su apoyo en el post-conflicto. Señala novedades y recomienda, al Estado, promover este nuevo modelo de relaciones con las comunidades.

 Como Defensor del Pueblo y del Estado Democrático y Social de Derecho, hemos acompañado y mediado en todo el proceso conducente a la solución de la conflictividad social, que ha terminado por el acuerdo definitivo entre la Comunidad de Azacualpa, la Empresa Minerales de Occidente, la Municipalidad de la Unión; y el compromiso y garantía del Gobierno Central.

Acuerdo que hoy entrará en vigencia, con la firma por la alta representación del Gobierno y de quien tiene el honor de hablarles, como titular del CONADEH, para asegurar y proteger lo acordado, y en nuestra responsabilidad de supervisar también la efectividad de la garantía de cumplimiento de los compromisos contraídos.

El éxito de este proceso de solución pacífica, integral y duradera de toda la problemática ocasionada, es debido a lineamientos democráticos de participación, equidad y responsabilidad que las partes aplicaron para honrar el cumplimiento de, compromisos contraídos en años anteriores, tal como se obligaron en el Acuerdo Preliminar y transitorio firmado, en Santa Rosa de Copán, el 5 de mayo de éste año.

Nuestra mediación utilizó como guía el derecho del pueblo a sus recursos naturales para proveer a su desarrollo y, en consecuencia, el derecho de la comunidad de Azacualpa a asegurar sus propios medios de subsistencia y procurar libremente su desarrollo sostenible, tal como previsto en los Pactos internacionales de derechos humanos; así como se tuvo presente la seguridad jurídica de la empresa minera, y las responsabilidades de todos, incluyendo el Gobierno Municipal y Gobierno Central, en lo que corresponde a los derechos humanos de las y los habitantes.

Las partes lograron convenir el cumplimiento integral de todos los compromisos en favor de la comunidad de Azacualpa, en materia de  terrenos para fines de vivienda y usos agrícolas, así como la construcción, mejora, reparación de viviendas con sus servicios básicos y espacios de recreación comunitaria (parque) y de edificios públicos; prestaciones; asistencia a personas en condiciones de vulnerabilidad; apoyo al patronato, capacitaciones y oportunidades para el trabajo, educación, salud, protección de recursos naturales y medio ambiente, incluyendo normas sobre la prevención y control de impactos socio-ambientales. Prevención y control en los cuales, en adelante, participará también la comunidad.

Se acordó también disposiciones dirigidas a dar mayor protección a la comunidad, mediante el suministro debido de servicios públicos y otros apoyos que, tanto el Gobierno Municipal como el Gobierno Central, tienen la responsabilidad general de brindar siempre, en función de la efectividad de los derechos humanos de las y los habitantes.

En esa dirección, se estipuló la obligación de diseñar y ejecutar un Plan de desarrollo comunitario para Azacualpa, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. Plan estratégico que comprende también atención a las comunidades vecinas o aledañas a Azacualpa, como San Andrés, San Miguel, las Toreras, Ceibita, El Cedro y demás comunidades del Municipio de la Unión.

Se acordó recíprocamente que la Comunidad de Azacualpa cumplirá los compromisos contraídos que facilitaran el mejor desempeño de las actividades mineras de la Empresa.

En el espíritu de relaciones productivas conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: quedó incluido e integrado participativamente el Comité de seguimiento y evaluación.

Ese Comité proseguirá el diálogo, permanente y de buena fe, entre comunidad y empresa, el Gobierno municipal y Gobierno Central; favorecerá la prevención o solución pacífica y democrática de eventuales problemas que pudiesen motivar nuevos conflictos; y, en su momento, mediante el entendimiento mutuo, asegurará que, cuando las etapas nuevas de producción minera traigan consigo beneficios empresariales adicionales, la comunidad reciba también parte equitativa de esos beneficios, para su bienestar colectivo duradero.

En lo que podríamos llamar el “proceso de Azacualpa”, se ha respetado el imperativo supremo de protección de la dignidad humana, lo que vivifica más, con esa aplicación local, el Estado democrático y social de Derecho, en general.

Con ello, la empresa Minerales de Occidente logra también fortalecer  la seguridad jurídica de su inversión y actividades, con el factor adicional e indispensable de la confianza y apoyo social de la misma comunidad, respaldada por su Gobierno Municipal y Gobierno Central, y la acción independiente de supervisión del CONADEH, que es Institución constitucional del Estado creada para garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos y contribuir al fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tendrá una mayor presencia en el Municipio de la Unión. Nuestra misión constitucional comprende supervisar lo que, en materia de derechos humanos, ocurre en todo el territorio nacional, y proteger y promover la dignidad humana y la vida decente en todas las comunidades locales. Por ello, entre otras funciones, debemos atender quejas o denuncias de los habitantes; realizar capacitaciones en derechos humanos; ejecutar inspecciones a los servicios públicos; fortalecer a la comunidad, a sus patronatos e instancias locales, en veeduría social y apoyo a su gobierno municipal y en la participación en asuntos públicos; promover el ejercicio del derecho del pueblo a contribuir al desarrollo local y nacional, y a gozar equitativamente de los beneficios de ese desarrollo. La estrategia y forma de hacerlo están ya delineadas en nuestro Plan de Acción 2014 – 2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”.

Me permito anunciar que, sin perjuicio a la atención de los demás municipios, contribuiremos sostenidamente con el Municipio de La Unión, para que sus comunidades y su Gobierno Municipal (con el apoyo complementario que fuese necesario y pudiesen lograr del Gobierno Central y de su alianza con otros actores en pro del desarrollo), puedan convertirlo en “Municipio de Bienestar Solidario” para todas y todos sus habitantes, generando buenas prácticas que posibiliten el desarrollo local sostenible y cooperando, con los demás municipios, para que puedan igualmente desarrollarse, y así activar más la cadena de valor del desarrollo sostenible nacional.

Con el contenido del acuerdo concertado, las garantías y el cumplimiento efectivo de sus normas: se ha creado, en Honduras, un precedente positivo y una buena práctica nacional e internacional, para fundamentar mejor las relaciones entre comunidades y empresas.

En este tiempo de desconfianzas e intolerancia que se revela en las controversias entre personas y grupos en daño a nuestra unión solidaria como Nación: el fruto del proceso de diálogo de Azacualpa se suma a la eficacia del diálogo democrático que ha permitido solucionar, entre otros, conflictos nacionales educativos, a nivel secundario y universitario. El proceso de Azacualpa es otra evidencia irrebatible para la sociedad y el Estado de Honduras que, para construir una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, es insustituible el diálogo democrático de buena fe que comprenda los intereses y beneficios de todas las partes, respetando prioritariamente los derechos humanos y libertades fundamentales de cada uno y una de los habitantes, de cada comunidad local y, en general, del pueblo hondureño.

En mi condición de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y como ciudadano, saludo respetuosamente a los conciudadanos (as) de la comunidad de Azacualpa y de todas las comunidades que le acompañan solidariamente en esta ocasión memorable para nuestra Patria; a los esforzados trabajadores mineros y a los señores representantes de la empresa MINOSA; a los altos representantes del Gobierno Municipal y del Gobierno Central. Reconozco, en todos ellos, la actitud visionaria y humanista que han evidenciado al concertar este acuerdo y expresar su irrevocable compromiso de cumplirlo.

Como Defensor del pueblo hondureño, recomiendo al Estado y a la sociedad de Honduras: apreciar, valorar y utilizar éste acuerdo, así como las actitudes que condujeron a lograrlo, como una experiencia socialmente productiva y un marco ejemplar a seguir en casos análogos, en toda la República; y a presentarlo como una práctica exitosa marca país, en la digna proyección de Honduras en el ámbito de las relaciones de comercio, inversión y cooperación internacional.

La Unión, Departamento de Copán, Honduras, 17 de agosto de 2016.

Categorías: NOTICIAS

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