El CONADEH condena la muerte violenta de los defensores de DDHH de la comunidad de Guapinol y exige una investigación con la debida diligencia

Comunicado No. 003-01-23

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en el uso de su mandato constitucional y en el ejercicio de su independencia funcional y de criterio, ante la muerte violenta de los defensores de derechos huumanos Jairo Bonilla y Ally Domínguez, se pronuncia en los siguientes términos:

1. El CONADEH condena los hechos acaecidos el pasado 07 de enero de 2023, respecto al asesinato de los defensores de derechos humanos Jairo Bonilla y Ally Domínguez -este último, uno de los 32 defensores criminalizados por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras- quienes formaban parte del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y que fueron interceptados por desconocidos mientras se conducían en una motocicleta.

2. La Defensoría del Pueblo recuerda que, los defensores de Guapinol se encontraban dentro de la población beneficiaria de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, por lo que, el Estado de Honduras debió adoptar medidas reforzadas para apoyar y garantizar la actividad de los señores Bonilla y Domínguez, asi como proteger su vida e integridad física.

3. El CONADEH retoma eco del criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe país donde señala la grave situación de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular las y los defensores del ambiente, la tierra y el territorio. Además, las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en Honduras.

Asimismo, el CONADEH enfatiza que la impunidad es un problema estructural en Honduras que impacta negativamente el goce efectivo de los derechos humanos y en consecuencia la vigencia del Estado de Derecho Por lo tanto, el CONADEH recomienda al Estado de Honduras:

1. Realizar una investigación oficiosa, oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva, por autoridades y agentes de investigación competentes y con la participación de los familiares de las víctimas, tomando en cuenta en todo momento, los más altos estándares internacionales relativo a la debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos.

2. Garantizar el ejercicio de la defensa del territorio y medio ambiente a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger en todo momento, la vida e integridad de los defensores; y en general, garantizar las condiciones necesarias para desarrollar su función de defensa.

3. Considerar al momento de la investigación, que los hechos no pueden ser analizados de forma aislada, sino que deben ser investigados de manera integral insertos en un contexto que permita evidenciar todos los elementos necesarios para comprender las estructuras que actuaron en la comisión de los delitos.

Tegucigalpa, Honduras. 12 de enero de 2023