La Defensoría del Pueblo sugiere a los integrantes del Congreso Nacional considerar y replantear estos asuntos de interés nacional para que vayan en armonía y consonancia con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas.

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expresamos nuestra  preocupación por las decisiones tomadas por parte de diputados del Congreso Nacional respecto a varias leyes, lo que dificultará el combate contra la corrupción y el crimen organizado y que vulneran los principios democráticos y al derecho constitucional a la protesta pacífica, entre otros.

A través de una sesión virtual legislativa efectuada el pasado jueves siete de octubre se realizaron reformas, adiciones, interpretaciones y derogaciones a diversos cuerpos normativos de la república como ser: el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Especial Contra el Lavado de Activos, muchas de las cuales implican limitaciones al combate contra la corrupción y la criminalidad organizada, limitaciones al libre ejercicio de libertades públicas garantizadas por la Constitución de la Republica y los tratados internacionales. De igual forma, se distorsiona la jurisprudencia y la doctrina del Derecho Penal respecto a tipos penales reformados en dicha reunión.

Así mismo, lamentamos las limitaciones impuestas al Ministerio Público (MP) para acceder a la información financiera en la investigación de casos de corrupción o de criminalidad organizado, así como la inclusión de organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública, en la definición de personas expuestas políticamente (PEP), lo que limita el sistema de pesos y contrapesos del Estado de Derecho, que garantizaría la transparencia en el funcionamiento del Estado.

Por tanto, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en uso de sus facultades constitucionales, fundamentado en los artículos 59 de la Constitución de la Republica, y en los artículos 43 de la ley orgánica del CONADEH y 38 de su reglamento, recomienda:

1.- Al Estado de Honduras: cumplir con su obligación de garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la Republica, así como en los tratados y convenios internacionales de los que forma parte, como el derecho a la protesta pacífica y en general, la protección a los derechos humanos y las libertades públicas de los habitantes, los cuales además de ser considerados como conquistas sociales, son reconocidos como pilares fundamentales de la democracia en cualquier sociedad.

2.-  Recordamos la obligatoriedad de los funcionarios públicos de acatar lo preceptuado en el artículo 64 de la Constitución de la Republica: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.

3.- Se deben facilitar al Ministerio Público, las herramientas para poder acceder a información financiera en sus investigaciones respecto a actos de corrupción o de criminalidad organizada. Así mismo se debe dar a la redacción de los tipos penales, la dimensión que jurídicamente le corresponden conforme a la jurisprudencia y a la doctrina del Derecho nacional e internacionalmente reconocida y no utilizar el Derecho Penal para tratar de solventar problemas de carácter social, cuya solución está en la concertación, el diálogo social, la reducción de la pobreza y la inequidad.

4.-  Así mismo, sugerimos a los Honorables Diputados(as) de la República de Honduras, retomar y replantear estos asuntos que inciden dramáticamente en la vida nacional y en la sostenibilidad de los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho, para que toda ley, reforma, adición o interpretación de la ley, esté en consonancia con los estándares internacionales sobre la protección y el efectivo goce de los derechos humanos y las libertades públicas contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, de los que el Estado de Honduras es parte.                                  

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de octubre del 2021

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