• Cada año, del 20-26 de septiembre se conmemora la semana del privado de libertad a pesar de que el Estado no reconoce o muchas veces deja de lado el respeto a la dignidad humana de estas personas

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) observa con preocupación el reiterativo incumplimiento por parte del Estado de Honduras en asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente de las personas privadas de libertad en el país, a pesar de que Honduras forma parte de tratados y convenios internacionales.

Respecto al panorama nacional, las personas en custodia del Estado se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas a su favor, lo que ha significado frecuentemente que las condiciones en las que se mantiene a estas personas se caractericen principalmente por la violación sistemática, parcial o total a sus derechos humanos.

Cifras oficiales del Conadeh, revelan que hasta la fecha se han atendido al menos 228 quejas por parte de personas privadas de libertad, en donde, la modalidad violatoria penal representa el 36% del total de denuncias, el acceso a la justicia y debido proceso legal forman parte de las garantías que sufren mayor vulneración.  

Según el documento sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, se debe prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura, malos tratos crueles e inhumanos, así como el cumplimiento en garantizar su seguridad, la del personal penitenciario, proveedores de servicios y, sobre todo, a las visitas de sus familiares más cercanos.

Sin embargo, desde hechos que exponen su integridad personal a través de reyertas en las cárceles de aparente máxima seguridad en el país, hasta la confabulación por parte de los cuerpos de seguridad interna junto a grupos o estructuras criminales, el deterioro por asegurar los derechos humanos de estas personas, es una realidad latente de Honduras cuyo recrudecimiento de acciones hacia estas personas parece ser la única solución viable.  

El principio de igualdad y no discriminación que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que toda persona privada de libertad será igual ante la Ley, y tendrá derecho a igual protección ante la misma y los tribunales de Justicia a nivel nacional.

La Defensoría del Pueblo insiste en recordar a las autoridades del Estado de Honduras en que se deben proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad en condición de vulnerabilidad, garantizando que las personas con discapacidades físicas, mentales o de otra índole, personas LGTBI, mujeres y adultos mayores cuenten con las condiciones equitativas, plenas y efectivas de vida, durante su estadía en prisión y reciban un trato diferenciado acorde a los estándares internacionales.

Asimismo, según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -del cual Honduras forma parte- en su artículo 3, establece que: “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”.

Por consiguiente, el CONADEH ha verificado que, en la mayoría de los casos, no se garantiza los derechos humanos de esta población y no reciben un trato con el respeto debido a la dignidad inherente de todo ser humano. Muchas veces, los procesados no son separados de las personas condenadas, la introducción de armas y drogas a estas instalaciones establece también un régimen penitenciario que se opone a los principios de Ley, imponiendo la voluntad de personas particulares, frente a los intereses del Estado.

El Conadeh ha registrado que el Departamento en donde más quejas se han atendido es el Departamento de Atlántida, con al menos 89 quejas de personas privadas de libertad cuyos derechos a un debido proceso penal, es de las garantías que más vulneración recibe, a pesar de que esta zona del país alberga en su población a una de las diversas etnias del país.

Finalmente, a través de nuestro mandato constitucional, La Defensoría del Pueblo seguirá brindando de manera incondicional su acompañamiento a las personas privadas de libertad, para que sus derechos humanos se cumplan a cabalidad, según las disposiciones de Ley y que el principio de Igualdad y no-discriminación, se cumpla ante todos los habitantes del país.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de septiembre del 2021

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