En el primer semestre del 2022, el CONADEH atendió 14 personas de pueblo originarios, de los cuales cinco eran garífunas, siete misquitos y dos tolupanes, de ellos diez estaban en riesgo y 4 en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por las más de cien personas, de siete pueblos étnicos de Honduras, que han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado, según denuncias atendidas por este ente estatal entre el año 2016 y el primer semestre del 2022.

Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 miskitos, 12 Pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo Maya Chortí, están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, en los últimos seis años y medio.

De los 107 casos atendidos por el CONADEH, al menos 69, que representan el 64%, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalente a un 36%, como víctimas del desplazamiento forzado.
En el primer semestre del 2022, el CONADEH atendió 14 personas, de pueblos originarios, de los cuales 5 eran garífunas, 7 misquitos y dos tolupanes, de ellos diez estaban en riesgo y 4 en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.

Los 107 casos de personas indígenas y afrohondureñas en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado se presentaron en 6 de los 18 departamentos del país, Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.

Indígenas y afrohondureños forzados a huir y abandonar su patrimonio

El Riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvo asociado a causas como el despojo de tierras y usurpación de propiedades, así como asesinatos, lesiones y amenazas.

La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos forzados de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.

Indicó que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica por causas de la violencia que enfrentan por defender sus derechos y también por la desprotección de su derecho a la tierra, territorios, y recursos naturales.

Los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con los testimonios de los peticionarios, las situaciones de riesgo o desplazamiento forzado de personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra.

El grupo de mayor afectación, según las denuncias atendidas por el CONADEH, son los garífunas y los motivos están estrechamente relacionados a la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza ancestral.

Al CONADEH le preocupa que el Estado hondureño no realice las acciones suficientes para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, en especial, los relacionados con los territorios y recursos naturales y, la violencia e impunidad que sufre esta población.

Los pobladores, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, que luchan por sus derechos, en ocasiones, son criminalizados, al grado, de ser objeto de persecución, hostigamiento, amenazas a muerte, lesiones y otra serie de flagrantes violaciones a sus derechos humanos.

El crimen organizado, es también otro factor que deriva en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños.

Se estima que la población de pueblos indígenas y afro-hondureños representa el 8% de los 9.6 millones de habitantes con que cuenta este país centroamericano.

Entre los pueblos originarios de Honduras figuran los Miskitos, Tawahkas, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán; y personas afrohondureñas integradas por garífunas y negros de habla inglesa.

La Defensora del Pueblo expresó su satisfacción por el paso importante que se dio recientemente en el Congreso Nacional con la presentación del Proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, luego de la exhortación que hizo al Estado hondureño, el pasado mes de mayo, para su aprobación.

En el marco de esa Ley se señala la responsabilidad y el deber que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos de este sector afectado por la violencia, además de establecer los mecanismos para la articulación de acciones entre las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, de manera complementaria, para contrarrestar el fenómeno del desplazamiento interno por violencia.

Un Estudio de Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras, entre 2004 y 2018, establece, entre sus hallazgos, que, en 78 municipios de 16 departamentos de Honduras, se encontró que, aproximadamente, unos 58,500 hogares fueron desplazados por razones de violencia.

Durante el 2021, Honduras se ubicó entre los diez países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo, alrededor de 221,600 hondureños buscaron protección internacional.

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