• Estos hechos también fueron condenados por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo que a través de su presidenta expresó su repudio por la muerte de las cinco personas ligadas a los medios de comunicación

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, condenó hoy los asesinatos cometidos, en los últimos días, contra una periodista Salvadoreña, un columnista guatemalteco y tres miembros de la prensa de Ecuador.

A través de un comunicado, el ombudsman hondureño expresó sus muestras de pesar a los familiares de las víctimas, los medios de comunicación en los que laboraban, el gremio periodístico y con las organizaciones e instituciones que velan por el respeto del derecho a la información, investigación y denuncian la censura, la corrupción y la impunidad.

Además, se solidarizó con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel  Caballero de Guevara, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas y al Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira.

Informes de prensa establecen que, el pasado 13 de abril, se confirmó el asesinato de tres integrantes de un medio de comunicación de Ecuador, quienes fueron secuestrados  por disidentes  de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia (FARC), en la zona fronteriza entre ambos países en la provincia de Esmeraldas, donde se encontraban haciendo un reportaje.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), del  equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador.

Los otros dos crímenes  se registraron contra periodistas de Centroamérica en  particular de Guatemala y  El Salvador.

El pasado 9 de abril,  el columnista guatemalteco de política, economía y justicia, José Daniel Rodríguez, fue  encontrado muerto en la zona 9 de la capital de Guatemala, envuelto en sábanas y con signos de violencia.

El 15 de abril y luego de permanecer desaparecida, fue encontrado el cuerpo de la periodista Karla Turcios, que laboraba para  La Prensa Gráfica, de El Salvador, en una carretera de Santa Rosa Guachipilín, al noroeste de San Salvador, con signos de estrangulamiento.

Herrera Cáceres, demandó que los crímenes cometidos contra estas personas, vinculadas a los medios de comunicación, sean investigadas para evitar su impunidad.

“Es deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión como un derecho humano universal”, expresó.

Lamentó que en Honduras y en varios países, la violencia contra los periodistas continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a las libertades de expresión y de  información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales como el crimen organizado, el narcotráfico o critican a las autoridades o a sectores de poder.

Desde octubre del 2001 a la fecha, Honduras registra la muerte violenta de 75 personas vinculadas a los medios de comunicación.

Los hechos violentos contra los miembros de la prensa también fueron condenados por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo que a través de su presidenta expresó su repudio por  la muerte de las cinco personas ligadas a los medios de comunicación.

Iris Miriam Ruiz, presidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, tildó de vil y despreciable estos atentados.

“Ante esta burda represión al derecho de un pueblo a estar mejor informado, ningún acto de violencia puede ser condonado, como tampoco podrá amedrentar la determinación de la lucha por los derechos humanos”,  enfatizó.

Según la FIO, el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa resultaron, una vez más, vulnerados, con el agravante que se trata de la pérdida de vidas de profesionales y colaboradores que procuran, diariamente, llevar su trabajo informativo al público.

De acuerdo a este ente Iberoamericano, las  autoridades estatales deben acelerar las investigaciones para lograr capturar a quienes cometieron estos hechos violentos, en cada uno de esos países, de tal manera que sean puestos a las órdenes de las instancias judiciales correspondientes.

“Estamos seguros que no habrá espacio para la impunidad”, acotó la Procuradora del Ciudadano Miriam Ruíz.

 

Categorías: NOTICIAS

Comunicación y Prensa

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