El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, condenó hoy los   hechos violentos en escuelas y colegios, contra estudiantes y maestros de educación, repudió la impunidad  y alertó sobre desplazamientos forzados de familias.

Ante la ola de hechos violentos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, el ombudsman hondureño exhortó a las autoridades hondureñas a investigar estos casos  y poner a la orden de los tribunales a los responsables para que sean castigados con todo el peso de la ley, tal como lo requiere la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Honduras.

Lamentó que, en las actuales circunstancias, se esté perdiendo el espacio público en escuelas y colegios del país.

“Sentimos que ese espacio público lo estamos perdiendo  en perjuicio de la protección debida al derecho a la educación,  al desarrollo, y de otros derechos humanos”, declaró.

Agregó que, debido a esa violencia impune,  se está provocando asimismo el desplazamiento forzado de familias y personas que tienen que salir de sus lugares de residencia a otras zonas del país para proteger  los niños y niñas quienes son llevados de una escuela a otra, con riesgos de perder sus procesos educativos.

El titular del CONADEH advirtió que esos espacios públicos parecieran ser buscados como terrenos de expansión de la violencia y de la delincuencia, por lo que deben ser salvaguardados por las autoridades, tanto nacional como municipal, en conjunto con las familias  y educadores de cada comunidad.

Destacó la importancia de actuar de inmediato siguiendo políticas integrales que garanticen seguridad a las familias,  para hacer realidad el derecho de la niñez a una educación de calidad.

El Gobierno tiene que  preservar o, en su caso, recuperar esos espacios educativos teniendo presente que  la educación es un bien público  esencial y es fundamental para la plena realización de la personalidad humana, para la tolerancia y convivencia armónica dentro de la sociedad, y para el desarrollo sostenible municipal y nacional, indicó.

El ombudsman hondureño recomendó al Estado enfocar la solución de éste tipo de problemas esenciales, desde la óptica de la seguridad democrática que es inseparable de la dignidad humana.

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