OMBUDSMAN EXHORTA A LA UNIDAD DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD PARA COMBATIR EFICAZMENTE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, Y FOMENTAR LA CONFIANZA SOCIAL HACIA UN NUEVO ORDEN DE DIGNIDAD Y BIENESTAR.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, realizó un nuevo llamado a la unidad entre todos los sectores sociales, privados y estatales, para prevenir y eliminar la corrupción y la impunidad, y así reducir su impacto negativo sobre el goce efectivo de los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida, en el país.

El titular del CONADEH recordó que la corrupción y la impunidad afectan la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y, en todo caso, la dignidad y los derechos humanos de las personas, en especial de los grupos en condición de vulnerabilidad.

De igual forma manifestó que, para hacer frente a todos esos males públicos, debe existir, en Honduras, un efectivo Estado de Derecho y una democracia real, donde la justicia social impere y el desarrollo sostenible sea efectivamente fomentado y logrado, desde los territorios municipales.  “No podemos dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción e impunidad porque esto agravaría la situación de los derechos humanos en el país y con ello debilitaríamos el imperio del Derecho, las posibilidades del desarrollo y de la consolidación democrática de Honduras”, puntualizó.

En ese mismo sentido, exhortó a la institucionalidad del Estado a ordenar más el ejercicio de sus atribuciones y deberes, actuando funcionalmente como componentes de un todo unitario que es el Estado de Honduras, cuyo objetivo supremo y, como tal único e inexcusable, es proteger y respetar la dignidad humana de los habitantes. Por lo cual toda la institucionalidad debe coordinarse y complementarse, ejerciendo sus funciones en armonía, para lograr ese objetivo supremo del Estado.

Precisó que, en esa dirección, es necesario erradicar progresivamente la corrupción e impunidad. Para lo cual se requiere esencialmente tanto de la actuación decidida y funcionamiento coordinado de toda la institucionalidad; como de la participación activa de la ciudadanía en apoyo, respaldo y veeduría social de las actuaciones de esa institucionalidad; y al mismo tiempo, de la cooperación internacional funcional que afiance conocimientos y capacidades para potenciar la eficacia del esfuerzo nacional.

En atención a lo anterior, especificó las siguientes recomendaciones concretas al Estado: 

• Aseguramiento de la mayor participación social en la definición de la “nueva estrategia para el efectivo combate contra la corrupción e impunidad”, con apoyo a la veeduría y auditoría social del pueblo y al funcionamiento de procedimientos institucionales obligatorios de rendición de cuentas. 

• Utilización de las oportunidades que ofrece la Academia Internacional Contra la Corrupción, con sede en Austria, y de la cual nuestro país es miembro, para iniciar un proceso de formación sostenida de personas hondureñas, especializadas en la lucha contra la corrupción e impunidad.  

• Invitación a la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito (UNODC) a la apertura de una oficina sede en el país, para asegurar, entre otras prioridades, el esfuerzo nacional contra la corrupción e impunidad.

• Orientación de este esfuerzo nacional y su armonización con la ejecución cierta, en Honduras, del Plan de Acción de las Naciones Unidas para el logro, entre el 2020 y el 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos los relacionados con el fin de la pobreza, la desigualdad y el hambre, el logro de salud, educación de calidad, igualdad de género, protección del medio ambiente sano; y paz, justicia e instituciones sólidas.

• Realizar lo anterior, en cumplimiento de los lineamientos de la Constitución de la República y Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y en el espíritu de los objetivos y principios de la Alianza de Gobierno Abierto y el Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020 y los que se adopten en el porvenir.                                                                        

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero de 2020