• Calificó de “acción positiva” el anuncio hecho por el gobierno de otorgar un bono para, al menos, el 70% de los abonados, sin embargo, reconoció que el incremento al costo de la energía eléctrica va afectar los precios generales de los productos de la canasta básica.

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, explicó hoy que la energía eléctrica no es una mercancía, sino que es un derecho humano y recordó, que es deber del Estado proteger a los habitantes del goce efectivo de ese derecho.

El Ombudsman hondureño hizo un llamado a reconsiderar el incremento que se hizo y tomar en cuenta que se está dañando, especialmente, a los sectores más desfavorecidos del país

Calificó de “acción positiva” el anuncio hecho por el gobierno de otorgar un bono para, al menos, el 70% de los abonados, sin embargo, reconoció que el incremento al costo de la energía eléctrica va afectar los precios generales de los productos de la canasta básica.

Agregó que ese aumento tiene un efecto cascada que va a producir, inclusive, incidencias negativas en el desarrollo sostenible de Honduras.

“Estamos recordando que la energía eléctrica no es una mercancía, debe tratarse siempre como un derecho humano y es deber del Estado proteger a los habitantes en el goce efectivo de ese derecho”, reiteró.

Señaló que el aumento va afectar en la adquisición de productos y la atención de las necesidades de los sectores menos favorecidos que, aparentemente, estarán siendo beneficiados con el bono, pero serán afectados por los mismos costos que habrán aumentado a consecuencia del alza del precio de la tarifa de energía eléctrica.

Advirtió que se debe tener en cuenta que habrá multiplicidad de microempresarios que no van a poder avanzar con sus empresas por lo que también se afectará la generación de empleos.

Recomendó tener una dimensión política que permita que todos los elementos propicien condiciones favorables para el desarrollo de los microempresarios y para el desarrollo de las personas, en general, que es la principal obligación del Estado.

El Defensor del Pueblo ve con optimismo el involucramiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y los colegios profesionales, que están contribuyendo con sus aportes para que junto con el Estado se le pueda encontrar una solución a este problema energético.

El Ombudsman urgió a todos los sectores, sociedad y Estado, atender este problema energético para evitar sus efectos perniciosos y alzas inmoderadas que afectan principalmente a las personas que viven en situación de pobreza.

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