El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó que la corrupción y la impunidad son males públicos que afectan la democracia, el Estado de Derecho, la  gobernabilidad, la confianza en las instituciones y, en todo caso, los derechos humanos de las personas; por lo cual  esos males, deben  y pueden prevenirse y combatirse con las mejores capacidades y recursos nacionales, y con la cooperación internacional especializada y compenetrada de la importancia de su apoyo a la institucionalidad del Estado y a su accionar concertado para alcanzar los resultados esperados.

El Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana”, que impulsa el CONADEH, desde marzo de 2014, comprende la supervisión de la lucha contra la corrupción e impunidad, como aspectos vinculados esencialmente a los derechos humanos que son pilar indispensable del Estado democrático de Derecho. Por ello, el Ombudsman hondureño y primer vicepresidente de la Federacion Iberoamericana de Ombudsman (FIO) ha también promovido internacionalmente, el tema del impacto negativo de la corrupción sobre el goce efectivo de los derechos humanos.

El Ombudsman Herrera Cáceres reiteró, su recomendación (ver www.conadeh.hn) de aplicar de buena fe el contenido integral del Convenio, entre el Estado hondureño y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para potenciar e intensificar capacidades institucionales, procedimientos y resultados contra la corrupción y la impunidad, tal como lo espera la población. En esa dirección, expresó su valoración de la iniciativa del Sr. Presidente de la República y de la respuesta del Sr. Secretario General de la OEA asegurando, por vía de intercambio de notas, un acuerdo sobre los canales de trabajo que permitan inmediatamente la implementación integral del Convenio para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones del Estado, a generar  confianza entre gobernantes y ciudadanos, y a mantener el diálogo como instrumento que permita impulsar el proceso de democratización.

Precisó que la MACCIH debe cumplir de manera independiente sus funciones de colaboración activa, orientadas principalmente a asesorar, supervisar y evaluar el funcionamiento de  instituciones como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia; y a facilitar la coordinación entre esas y otras instituciones para una efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad, fortaleciendo capacidades nacionales y haciendo recomendaciones que consoliden la acción institucional y mejoren el ordenamiento legal.

Sostuvo, que la Misión de Apoyo de la OEA tiene la facultad de proponer al Gobierno reformas al sistema de justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción; y que incluso, en materia de reforma político – electoral, debe asesorar en la elaboración de normas sobre financiamiento de política, partidos políticos y justicia electoral. Destacó el compromiso de la MACCIH de contribuir a afianzar mecanismos de observación, seguimiento y rendición de cuentas del sistema de justicia, ante la sociedad hondureña.

El Defensor del Pueblo puntualizó que el diálogo  previsto en el Convenio, entre Honduras y la Secretaría General de la OEA, y los canales de trabajo acordados mediante el referido intercambio de notas: son de ejecución inmediata.

 

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