Resulta “ilusorio” que la Presidenta emplace a la policía para que ofrezca resultados

En lo que va de la presente administración (2022- marzo 2023) se han registrado, al menos, 60 masacres que han dejado como saldo alrededor de 230 muertos.

El asesor legal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ariel Díaz dijo hoy
que resulta “ilusorio”, por parte de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, emplazar a la
Policía Nacional para que ofrezca resultados si, por otro lado, existe otro órgano del Estado que no
ofrece una respuesta en un plazo razonable y con la debida diligencia.

“No basta con que la policía intensifique sus esfuerzos si no se tiene resultados por parte de la
autoridad fiscal”, explicó.

Agregó que el emplazamiento de la Presidencia a la Policía Nacional puede entenderse como una
forma de presionar a la autoridad administrativa y que ésta, eventualmente, actué de manera
irrazonable frente a un fenómeno tan grave y multicausal como es la violencia delincuencial, que
debe atenderse de manera integral y no desde un punto de vista reactivo, como lo ha planteado el
Poder Ejecutivo.

El pasado 6 de marzo, la Presidenta de la República, Xiomara Castro dijo a las autoridades de la
Secretaría de Seguridad que “se terminó el tiempo de espera” y les exigió “contundentes acciones
y resultados en las próximas 72 horas”.

Según Díaz, el Estado, en su conjunto, está en la obligación de investigar estos hechos de manera
rigurosa en un plazo razonable y con la debida diligencia, lo cual implica que, las autoridades
correspondientes, particularmente, la policía, actúe en el marco de los principios rectores de la
debida diligencia.

Indicó que se tienen que garantizar pruebas determinantes para poder identificar a los responsables
de los hechos. Además, que esas pruebas puedan estar en custodia del Ministerio Público.
Policía y Ministerio Público deben actuar con la debida diligencia.

El asesor legal del ente estatal de derechos humanos exigió, tanto a las autoridades del Poder
Ejecutivo como del Ministerio Público, que actúen con la debida diligencia.
Además, que los familiares participen y estén enterados del proceso de investigación y puedan ellos,
acceder a la justicia.

Explicó que, en materia de derechos humanos, las víctimas no solamente son las personas que
perdieron la vida, sino que también los familiares.

Ellos tienen derecho a acceder a la justicia, para conocer la verdad de los hechos, lo cual implica que
las autoridades deben esclarecer las circunstancias y quiénes son los autores que cometieron estos
crímenes.

En su criterio los familiares de las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada que implica,
necesariamente, que los autores sean procesados, enjuiciados, pero que, también, exista la garantía
de no repetición, no solamente para las víctimas en segundo grado, sino que también a la sociedad
hondureña en general.

En las últimas horas, Honduras fue escenario de sendas masacres, tanto en la primera avenida de
Comayagüela como en la aldea el Portillo de la Mora, en Comayagua, que dejó como saldo 16
muertos.

En lo que va de la presente administración (2022- marzo 2023) se han registrado alrededor de 60
masacres que han dejado como saldo alrededor de 230 muertos.