El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se pronunció hoy sobre la decisión de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal  de no reducir la edad punible y abogó por la urgente necesidad de contar con establecimientos mejor acondicionados para atender y brindar mayor seguridad a los jóvenes infractores.

El ombudsman hondureño destacó, como un factor importante, establecer el tratamiento que debe darse en materia de rehabilitación y reeducación para los  jóvenes que están privados de su libertad.

Indicó que la finalidad que se busca es un tratamiento que vaya acorde con las facilidades que tenga la persona de rehabilitarse y de reincorporarse en la sociedad, teniendo en cuenta todos los factores que en la juventud influyen en tomas  de decisiones muchas veces irracionales.

“Necesitamos que haya establecimientos mejor  acondicionados, más seguros y propios para atender a los jóvenes infractores que se encuentran privados de su libertad”, expresó.

El Defensor del Pueblo considera que los centros pedagógicos deben estar acordes con la finalidad que la  justicia juvenil exige, es decir, que tengan sitios para la recreación y que haya formación para el trabajo honrado.

“Todos esos aspectos tienen que ser retomados para que los jóvenes infractores tengan mayores opciones para reintegrarse y ser útiles a la sociedad”, puntualizó.

Cuestionó que, hasta ahora, el Estado no ha podido asegurar ese acompañamiento, esa preparación para que el joven salga con una mentalidad productiva.

En los últimos años, los centros pedagógicos de Internamiento  han sido escenario de fugas, amotinamientos y enfrentamientos que ha dejado como saldo jóvenes infractores que han resultado heridos e incluso hasta muertos.

Se estima que,  en Honduras, la niñez representa el 43% de los 8.7 millones de habitantes, lo que significa que es un sector  importante de la población para el desarrollo del país.

De los 3.7 millones  de niños, aproximadamente el 29% la edad oscila entre los  12 y los 18 años.

Se calcula que del  total de niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años, estimado en un poco más de un millón, solo hay 574 en los centros pedagógicos donde han sido detenidos por  causas de infracciones luego de entrar en conflicto con la ley.

Una investigación realizada por el CONADEH determinó que hasta abril de 2008,  Honduras contaba con 4,547 instrumentos legales, de los cuales 16 tratados internacionales y 39 leyes nacionales tienen que  ver con materia legislativa de familia y niñez.

En las últimas horas, la  Comisión Interinstitucional de Justicia Penal emitió una serie de recomendaciones en las que descarta la reducción de la edad punible y plantea varias reformas al Código Penal y al Código de la Niñez y la Adolescencia, así como nuevas medidas de internamiento aplicables a los jóvenes infractores privados de su libertad.

 

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